El ajuste que impulsa el presidente Javier Milei desde su desembarco en la Casa Rosada no perdona ni a las víctimas del peor temporal que atravesó a comienzos de marzo pasado la localidad bonaerense de Bahía Blanca. Es que el mandatario libertario aceleró este martes el paso de la motosierra y descargó todo su peso sobre los afectados por las inundaciones.
Milei dejó en soledad a los afectados de las inundaciones por medio del Decreto 424/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei; su Jefe de Gabinete, Guillermo Francos y de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
El decreto echa por tierra la Ley 27.790 que declaraba la emergencia y catástrofe en la provincia de Buenos Aires, con especial foco en los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales. Ahora el Congreso de la Nación podrá insistir en la sanción de la norma pero para ello deberá reunir el apoyo de dos tercios de los votos en ambas cámaras.
La iniciativa apuntaba a crear un fondo especial de 200 mil millones de pesos para la asistencia de las víctimas y reconstrucción de las localidades afectadas por el temporal.
La polémica decisión de Milei impacta sin atenuantes sobre los afectados por las inundaciones que esperaban la instrumentación de medidas de alivio económico, suspensión de obligaciones contractuales y acceso a créditos blandos para la reconstrucción de viviendas y apoyo a sectores productivos.
La ley vetada había sido sancionada el 4 de junio pasado y declaraba la emergencia por 180 días, creaba un fondo especial bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, otorgaba plazos de gracia en contratos y ejecuciones para damnificados, priorizaba la contratación de recursos locales en obras de infraestructura y establecía líneas de crédito preferenciales a través del Banco Nación. Además, contemplaba la articulación con el Gobierno bonaerense para eximir de impuestos y tasas a los afectados.
Para justificar el ajuste sobre los inundados, el gobierno libertario aseguró que las medidas propuestas ya habían sido implementadas mediante del Decreto 238/2025 que creaba un fondo especial de 200 mil millones de pesos gestionado por el ministerio de Seguridad y un régimen de subsidios denominado «Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR)».
El Ejecutivo aseguró además que «el 85,43% del total de inscriptos para recibir el SUR ya han recibido el pago correspondiente», mientras que «los casos bajo análisis representan el 10,55% y los rechazos únicamente el 4,01%».
El decreto presidencial advierte además que la inclusión de Coronel Rosales en la ley ahora vetada resulta “de imposible cumplimiento”, ya que la zona de asistencia fue delimitada basándose en informes técnicos del Servicio Meteorológico Nacional, que identificaron a Bahía Blanca como la más afectada.
Milei aseguró además que la ley vetada no incluía cuál sería la fuente de financiamiento para la conformación del fondo de asistencia a los damnificados.
Decreto 424/2025: