Sin dudas representa un duro golpe para los gobernadores, que esperaban esta normativa para asegurar fondos y reducir la discrecionalidad en su asignación, lo que abre camino a una nueva confrontación casi en simultáneo con el reciente llamado a una «mesa federal».
En los considerandos del veto, el Gobierno libertario argumentó que el Fondo de ATN fue instituido con una «finalidad específica» de atender emergencias y desequilibrios financieros, bajo la asignación del entonces Ministerio del Interior (actual Vicejefatura de Gabinete del Interior).
Como ejemplos, el documento menciona la asistencia a provincias durante la pandemia de COVID-19 y las emergencias hídricas y económicas de 2024 y 2025. El gobierno sostiene que quitarle esta herramienta de acción inmediata al Estado es un «menoscabo concreto» a sus facultades.
Además, el escrito hace hincapié en que la verdadera solución al problema del reparto fiscal no está en reformas parciales, sino en un consenso amplio y duradero. Por último, establece que el veto es una facultad constitucional del Presidente, la cual es necesaria para evitar que una ley, cuya finalidad es financiar gasto corriente de las provincias, entre en vigencia.
