“Resulta estéril argumentar sobre la admisibilidad de grabaciones efectuadas por particulares cuando esa afirmación no se encuentra respaldada en el expediente”, indicaron.
Por esa razón ordenaron al juez de primera instancia Sebastián Casanello identificar el origen de las grabaciones, analizar su veracidad y despejar los interrogantes vigentes, antes de volver a pronunciarse sobre la nulidad.
La defensa cuestionó la validez de los audios
Los abogados de los imputados habían denunciado que los audios podrían ser falsos, adulterados, editados o incluso producto de inteligencia artificial, y que fueron incorporados sin cadena de custodia ni peritajes. También alertaron por una supuesta violación al derecho a la intimidad.
A su vez, la querella –Fundación Poder Ciudadano– pidió confirmar la resolución y avanzar en la investigación, mientras que el Ministerio Público Fiscal a cargo del fiscal Franco Picardi sostuvo que los audios funcionaron como un inicio de la causa pero no les asignó valor probatorio.
La disidencia: para Farah, la nulidad debía rechazarse
El camarista Eduardo Farah se apartó de la mayoría y votó por confirmar la decisión de primera instancia. Para él, el pedido de nulidad se basa en “meras hipótesis” que “desmerecen la seriedad del planteo”: “La decisión no puede basarse en conjeturas”, sostuvo.
Farah remarcó que, más allá de la edición o dudas sobre los audios, su contenido aporta datos verosímiles y concretos sobre supuestas maniobras en la ANDIS que justifican investigar. También citó jurisprudencia que admite grabaciones aportadas por particulares y sostuvo que, si hubo irregularidades, deben evaluarse como cuestiones de valor probatorio, no como nulidades.
En este sentido, recordó que las denuncias incluirían otros elementos previos que apuntaban a irregularidades en la agencia, como notas periodísticas de 2024 y 2025.
Qué ocurre ahora con la causa
Con la decisión de la mayoría, el expediente vuelve al Juzgado 11, subrogado por Casanello que deberá: verificar el origen de los audios, analizar su autenticidad mediante peritajes y reevaluar la nulidad una vez reunida esa información.
Mientras tanto, la investigación penal continúa abierta, pero bajo la obligación de despejar las incógnitas que dieron origen al caso.
