Horror en Chaco: asesinó a su ex con un hacha y luego abusó y mató a la hija de 17 años

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El brutal asesinato de Juliana Marcela Frías y su hija Diana Gómez ha dejado una marca de dolor e indignación en toda la comunidad chaqueña, colocando nuevamente a la provincia en el centro de la escena nacional por la violencia de género extrema.

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El hallazgo de los cuerpos se produjo luego de que familiares de las víctimas, preocupados por la falta de respuesta a los mensajes y llamadas, se acercaran a la vivienda y se encontraran con una escena dantesca que obligó a la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad locales.

Fuentes policiales confirmaron que el arma homicida, un hacha con manchas hemáticas, fue secuestrada en el lugar y será sometida a rigurosas pericias de ADN para terminar de vincular formalmente al detenido con el doble crimen. Los investigadores sostienen la hipótesis de que David Ojeda conocía a la perfección los movimientos de la casa, lo que le habría permitido ingresar durante la madrugada sin forzar las aberturas, aprovechando el estado de indefensión de las víctimas mientras dormían.

La situación judicial de Ojeda es sumamente comprometida, ya que la fiscalía no solo evalúa el doble femicidio, sino que aguarda los resultados finales de la autopsia para confirmar los indicios de abuso sexual detectados en la adolescente de 17 años.

De ratificarse esta circunstancia, la imputación sumaría el agravante de abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte y femicidio vinculado, una calificación que prevé como única escala penal la prisión perpetua. El ensañamiento detectado en los cuerpos refuerza la teoría de un ataque planificado y motivado por el control y la posesión.

Mientras la localidad de Quitilipi se moviliza con vigilias y marchas espontáneas para exigir justicia, los peritos analizan el historial del agresor para determinar si existían denuncias previas o medidas de restricción perimetral vigentes que no fueron suficientes para evitar la tragedia.

La detención de Ojeda en una zona rural, tras permanecer prófugo durante varias horas, cerró una primera etapa de la investigación, pero abrió un profundo debate social sobre la desprotección de las mujeres en la región y la necesidad de respuestas institucionales más efectivas ante señales de violencia previa.

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