En la tarde de este viernes, se conoció una noticia que complica aún más a Manuel Adorni: el jefe de Gabinete fue imputado por presunto enriquecimiento ilícito, dado que el fiscal advierte una posible “discordancia con la Declaración Jurada Patrimonial presentada ante la Oficina Anticorrupción”, en la que el funcionario declaró únicamente dos propiedades y no consignó bienes en ese emprendimiento.
Una docena de medidas de prueba
Para avanzar en la investigación, el fiscal Gerardo Pollicita pidió una batería de medidas de prueba.
Entre las medidas pedidas, el fiscal estimó que debe solicitarse al Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “que informe la totalidad de los bienes inmuebles registrados a nombre de Manuel ADORNI y/o Bettina Julieta Angeletti, con detalle de su titularidad, porcentajes, fecha de adquisición, gravámenes, inhibiciones y demás constancias de dominio que se relacionen con los nombrados”
Además, requirió datos migratorios, movimientos laborales y documentación sobre eventuales operaciones inmobiliarias o financieras, así como información sobre los supuestos préstamos familiares mencionados en la denuncia.
Otra de las medidas sugeridas es pedir a la Oficina Anticorrupción “que remita copia certificada de la totalidad de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales presentadas por Manuel Adorni, incluyendo los anexos reservados, correspondientes a los ejercicios 2022, 2023, 2024 y 2025, si existiere esta última; e informe, además, si el nombrado presentó la declaración jurada correspondiente al último ejercicio exigible. Asimismo, deberá acompañar la declaración jurada patrimonial integral de alta del nombrado”
El objetivo, según surge del requerimiento, es reunir elementos que permitan determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados por el funcionario y su patrimonio, o si, por el contrario, se registran inconsistencias que justifiquen el avance de la causa.
La investigación quedó ahora a consideración del juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, que deberá resolver si hace lugar a las medidas solicitadas por el Ministerio Público.
Otra de las posibilidades es que el juez delegue la causa en el fiscal, y que sea Pollicita quien lleve adelante las medidas relacionadas a la investigación.