Cuando un celular se activa dentro de una zona prohibida, equipos lo detectan automáticamente y generan un reporte con esos datos.
A partir de ahí, la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios solicita el bloqueo inmediato a las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones. Las compañías deben validar la información y proceder a inutilizar el dispositivo en un plazo máximo de 48 horas, impidiendo que vuelva a conectarse a cualquier red.
El sistema no solo apunta a los internos: también incluye controles sobre el ingreso de celulares por parte de personal autorizado. Para eso, se dispondrán sectores específicos fuera de las áreas restringidas donde agentes penitenciarios, funcionarios judiciales o abogados deberán dejar sus dispositivos antes de ingresar.
Además, habrá un monitoreo constante desde centros de control, con registros actualizados de todos los equipos bloqueados y auditorías periódicas para verificar el cumplimiento del procedimiento.
Qué dice la resolución del Ministerio de Seguridad
La resolución se inscribe en el régimen legal vigente de ejecución de la pena privativa de la libertad, que reconoce el derecho de las personas detenidas a mantener comunicaciones en los términos previstos por la ley, pero prohíbe expresamente las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móviles.
La Dirección Nacional de Tecnología de la Información, dependiente de la Secretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad, será la encargada de llevar adelante los trámites necesarios para la adquisición, instalación, mantenimiento y supervisión de la tecnología requerida.
También se dispuso la adopción de ajustes técnicos para evitar que el funcionamiento del sistema afecte áreas exteriores a los establecimientos donde sea instalado.
