El Senado aprobó el proyecto que impulsó el Gobierno para cancelar bonos soberanos en default adquiridos en 2001 por Attestor Master Value y Bainbridge Fund. El acuerdo fue aprobado por la jueza Loretta Preska del Distrito de Nueva York en marzo y perderá su vigencia el 30 de junio. El pago a los fondos buitres sería de U$S171 millones.
El proyecto iba a ser tratado en una sesión convocada en mayo, pero tuvo que volver a comisión porque se incluyeron algunos bonos que no estaban en el texto original y se tuvo que modificar la fecha de vencimiento para cumplir con el trámite parlamentario. Tras su paso por el Senado le resta conseguir dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados y que lo aprueben en sesión para convertirse en ley.
Bainbridge Fund es uno de los grupos acreedores que rechazó la reestructuración de la deuda en default y que mantiene una disputa judicial con la Argentina desde 2016. Mientras que Attestor Master Value, un fondo con sede en las Islas Caimán, mantiene un reclamo desde el 2014.
Estos fondos buitres habían confiscado la Fragata Libertad en 2012 en Ghana a pedido del fondo NML Capital Limited. En un giro de diplomacia, la recuperó Julio Grondona.
El acuerdo de pago que pasó por el Senado lleva las firmas del secretario de Finanzas, Federico Furiase; y de los representantes autorizados de Attestor Value Master Fund LP y Trinity Investments DAC, Friedrich Andreae; de Brybrook Capital Hazelton, Melanie Davidson; y de White Hawthorne, Rubén Kliksberg.
El temario del Senado este jueves
El otro texto a debatir era el de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que tuvo correcciones en la reunión en la que se le dio dictamen, el miércoles 20 de mayo. Entre ellos se concedió la eliminación del Capítulo III que derogaba artículos de la Ley 27.453 (Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana) y dejaba abierta la posibilidad de desalojos inmediatos.
Asimismo hubo una serie de modificaciones al Capítulo IV que propone 8 artículos con cambios y derogaciones a la Ley sobre el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales (26.737).
Entre las modificaciones a la Ley de Expropiaciones (N° 21.499), se incorpora expresamente la exigencia de que la declaración de utilidad pública, que será de interpretación restrictiva, cumpla con los estándares de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
Asimismo, votaron pliegos judiciales entre los que se encontraba el de Verónica Michelli, rechazado por el presidente Javier Milei por ser la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, que finalmente se aprobó este jueves pese a que en principio no iba a tratarse.