Los abogados sostuvieron que Milei “se pronunció sobre cuestiones de la política interna del país vecino, además de agredir verbalmente al oficialismo brasileño y a un importante magistrado del Poder Judicial”.
Para los denunciantes, esa conducta “desnaturalizó por completo el destino específico de los fondos públicos asignados por la ley de presupuesto para la representación exterior de la República Argentina”.
Agregaron que “los recursos del Estado fueron desviados para satisfacer intereses de una parcialidad política, provocando además un severo perjuicio a las relaciones diplomáticas bilaterales”.
La denuncia también invoca el principio de no injerencia en el derecho internacional. En ese sentido, cita la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Resolución 2625 de la Asamblea General de la ONU para sostener que ningún Estado debe intervenir en los asuntos internos de otro país.
Desde esa perspectiva, los abogados entienden que los hechos podrían encuadrarse en el delito de malversación de caudales públicos, previsto en el artículo 260 del Código Penal, al considerar que bienes y recursos estatales habrían sido utilizados para fines distintos de aquellos para los que estaban destinados.
Además, sostienen que también podría configurarse el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, contemplado en el artículo 248 del Código Penal, por una presunta vulneración de las normas internacionales incorporadas al ordenamiento jurídico argentino.
Pedidos a la jefatura de Gabinete y Casa Militar que custodia a Javier Milei
Como medidas de prueba, solicitaron que se requiera a la Jefatura de Gabinete y a la Casa Militar toda la información vinculada al viaje presidencial, incluyendo el detalle de los gastos, viáticos, integrantes de la comitiva y las órdenes de vuelo del avión presidencial.
También pidieron que, una vez reunida la prueba, Milei sea citado a declaración indagatoria.
