Bancos privados se suman al programa de desendeudamiento familiar instrumentado en la Ciudad

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Mientras día a día aumenta la morosidad de las familias con bancos, billeteras virtuales y tarjetas de créditos y el Gobierno Nacional asegura “no preocupa”, en de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se instrumentó el Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal al que ahora se sumaron bancos privados.

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Según se informó oficialmente, se trata de dos entidades de primera línea que se sumaron al Banco Ciudad para ampliar el alcance del esquema de refinanciación de deudas, aprobado en junio por la Legislatura porteña: Santander y Supervielle.

La incorporación de las dos entidades privadas amplía así los canales disponibles para acceder al programa que apunta a hogares que quedaron con atrasos en sus obligaciones financieras y buscan normalizar su situación crediticia.

Según se sabe, la cantidad de personas insolventes alcanzó los 5,9 millones, mientras que la morosidad continuó creciendo en 18 de las 30 principales entidades financieras de la Argentina, gracias a las políticas de ajuste instrumentadas por el Gobierno Nacional, que incluyen pérdida de empleos formales y el desplome del poder adquisitivo de los asalariados.

En ese marco, el programa creado en la Ciudad por Ley 6.959, contempla la refinanciación de deudas originadas en préstamos personales y consumos con tarjetas de crédito, que se pueden cancelar en un plazo mínimo de 24 meses y una tasa fija que no podrá superar el 35% de Tasa Nominal Anual (TNA).

Los requisitos para acceder a la refinanciación de deudas

Para acceder al Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, las familias deberán cumplir con los siguientes requisitos:

  • Registrar deudas con entidades financieras y atrasos de entre 60 y 180 días, correspondientes a las situaciones 2 o 3 de la Central de Deudores del Banco Central.
  • Acreditar ingresos familiares inferiores a diez salarios mínimos y que los compromisos mensuales por deudas representen más del 30% de los ingresos del hogar.
  • Tener domicilio real en la Ciudad con una antigüedad mínima de dos años, aunque contempla determinadas restricciones patrimoniales.

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