Cancillería rechazó una guía publicada por el Reino Unido para empresas y particulares que desarrollen actividades comerciales en las Islas Malvinas y volvió a advirtir que profundizará las medidas contra quienes participen en la explotación de recursos naturales sin autorización argentina.
El documento, titulado «Doing business with the Falkland Islands», está dirigido a compañías y personas que realicen actividades económicas en las islas, suministren bienes o servicios o intervengan directa o indirectamente en el desarrollo de sus recursos naturales. Allí, el gobierno del Reino Unido sostiene que la legislación argentina no se aplica en el territorio y ofrece respaldo a las empresas.
La guía también recomienda a las compañías que reciban comunicaciones o amenazas de acciones legales por parte de autoridades argentinas que busquen asesoramiento jurídico independiente. Además, señala que está dispuesto a respaldar a empresas, subsidiarias o proveedores que enfrenten presiones en terceros países por sus actividades vinculadas con las Malvinas.
Frente a la publicación, la Cancillería expresó su «más enérgico rechazo» y cuestionó que Reino Unido impulse actividades comerciales e hidrocarburíferas que Argentina considera ilegales en las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes.
El Gobierno argentino reafirmó su posición sobre la soberanía de los archipiélagos y sostuvo que se encuentran «ilegítimamente ocupados por el Reino Unido». Al mismo tiempo, advirtió que profundizará las medidas administrativas, diplomáticas y judiciales contra empresas, inversores y proveedores que participen en actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina.
El conflicto por el proyecto Sea Lion
La respuesta de Cancillería se da además en medio de la disputa por el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte y desarrollado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. El Gobierno argentino ya había cuestionado la denominada Decisión Final de Inversión del proyecto y convocado a los embajadores del Reino Unido e Israel para entregarles notas de protesta.
Según la Cancillería, las medidas también alcanzan a otros actos vinculados con la explotación hidrocarburífera, como las licencias otorgadas unilateralmente, los llamados a proveedores y los incentivos comerciales impulsados por Reino Unido. El Ministerio recordó que Argentina aplica las leyes 26.659 y 26.915, reforzadas por el Decreto 868/2026, para las actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la Plataforma Continental Argentina.
En ese marco, el Gobierno informó que ya envió cerca de 180 notas de advertencia y asunción de riesgos a personas físicas y jurídicas de 30 países y que inició 60 procedimientos administrativos. También señaló que el canciller Pablo Quirno presentó tres denuncias penales que involucran a diez empresas y sus directivos.
Argentina sostiene que las acciones británicas contradicen la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a ambas partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras permanezca pendiente una solución a la disputa de soberanía.
Dos posiciones sobre la actividad comercial en Malvinas
La nueva guía británica reafirma que Londres considera a las Malvinas un territorio británico de ultramar y sostiene que el desarrollo de sus recursos naturales corresponde a las autoridades isleñas y a las empresas que participan de esas actividades. El documento también invoca el principio de autodeterminación de los habitantes de las islas.
En cambio, Argentina mantiene su reclamo de soberanía sobre las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes y sostiene que las actividades hidrocarburíferas desarrolladas sin autorización argentina son ilegales. La Cancillería reiteró además su disposición a mantener un «diálogo constructivo y sustantivo» con Reino Unido para reanudar las negociaciones bilaterales sobre la cuestión de soberanía.
Finalmente, el Gobierno argentino advirtió a las empresas y particulares que mantengan vínculos comerciales con las islas sin autorización nacional que agotará «todas las instancias administrativas, diplomáticas, judiciales e institucionales a su alcance».