El almirante Juan Carlos Romay apartó este jueves a diez militares que quedaron involucrados en el escándalo de corrupción que estalló en el seno de la Armada y que fue detectado en el sistema de liquidación de sueldos.
A la par de la instrucción disciplinaria ordenada por la Armada, avanza también una investigación de la Justicia Federal por 645 acreditaciones indebidas que alcanzaron un monto de casi mil millones de pesos.
Por el momento se detectó que el esquema de corrupción habría beneficiado a al menos 23 personas, entre ellos 10 militares y 13 civiles ajenos a la Armada. Así, Romay dispuso que todo el personal militar involucrado en el escándalo sea separado de las funciones que desempeñaba y sometido a un procedimiento disciplinario interno.
Según consignó Infobae este jueves, la Armada no dispuso todavía la destitución automática de los involucrados y la instrucción disciplinaria abierta es por una falta considerada “gravísima”, dentro de la cual la expulsión de la fuerza aparece como la máxima sanción posible.
Tras el estallido del escándalo, el ministro de Defensa Carlos Presti intentó separar la conducta de los investigados del conjunto de la institución. “Quiero guardar el alto prestigio de la Armada. La Armada no son esos cuatro, cinco, veinte delincuentes”, sentenció.
Y adelantó que le habpia ordenado a Romay avanzar con la investigación interna. «Le he impartido las órdenes al jefe de la Armada para que tome las medidas y que con un Consejo de Disciplina, desde el punto de vista militar, pasen ya a ser destituidos», aseguró.
En paralelo se avanza por el camino judicial que transcurre de manera independiente. La Armada presentó este martes una denuncia ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2, a cargo de Sebastián Ramos, para que se investiguen las eventuales responsabilidades penales.
Corrupción en la Armada
La Armada Argentina presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal luego de detectar una serie de irregularidades en el proceso de liquidación y acreditación de haberes que, según la presentación, derivaron en 645 pagos indebidos a favor de 23 personas por un monto de casi mil millones de pesos.
Las operaciones se produjeron entre julio de 2022 y enero de 2026 y fueron descubiertas a partir de una auditoría interna que terminó revelando algo especialmente relevante: los movimientos no tenían las características de simples errores administrativos, sino que se habían producido mediante modificaciones posteriores de los archivos utilizados para ordenar los pagos bancarios.
La denuncia fue presentada el 15 de septiembre por el capitán de navío contador Carlos Alberto Castro Maggio, jefe de Administración Financiera de la Armada, quien pidió que se investiguen los hechos, se determine quiénes intervinieron y se establezcan las eventuales responsabilidades penales.
En febrero de 2026, durante una revisión de los haberes correspondientes a enero, se detectó que cinco agentes del Departamento Revista habían cobrado suplementos que no les correspondían. En ese momento, la propia Armada aclara que no podía determinar si se trataba de errores involuntarios o de acciones deliberadas y los agentes reintegraron las sumas.
Pero ese hallazgo hizo que se ampliaran los controles y se revisaran períodos anteriores. Y allí apareció el dato que cambió el escenario. La revisión encontró diferencias entre los haberes efectivamente liquidados y los archivos que eran enviados al Banco de la Nación Argentina (BNA) para concretar las acreditaciones.
Según la denuncia, aparecieron pagos por conceptos que no surgían de las liquidaciones, importes incorporados a los lotes de pago que no figuraban en los recibos de haberes, duplicaciones y registros correspondientes a personas cuya vinculación con la Armada ni siquiera podía establecerse inicialmente. La presentación destacó además que las irregularidades no estaban distribuidas al azar.
“Las novedades no presentaban las características de un error generalizado o masivo de liquidación, sino que se encontraban concentradas en un grupo acotado de personas, algunas de ellas recurrentes en distintos períodos», señala la presentación.
Y agrega otro elemento central: se encontraron indicios de que determinados registros habían sido incorporados manualmente después del cierre de las liquidaciones.
De las 23 personas identificadas, la denuncia pone bajo la lupa especialmente a cuatro personas que no tenían ninguna vinculación laboral ni funcional con la Armada Argentina.
Entre las cuatro recibieron 184 acreditaciones indebidas por más de 434 millones de pesos, equivalente al 44,25% del monto histórico total detectado.
Los casos individualizados son:
- María del Carmen Prieto: 46 acreditaciones por $152.259.495,86.
- Damián Andrés Santana: 47 acreditaciones por $99.496.225,47.
- Amalia Cristina Díaz: 46 acreditaciones por $91.978.048,38.
- Natalia Carolina Yahia: 45 acreditaciones por $90.466.948,33.
El caso de Prieto tiene además una particularidad que aparece expresamente señalada en la denuncia: es cónyuge del entonces jefe del Departamento Revista, capitán de navío contador Ariel Baltasar Atanasoff.