La provincia de Santa Fe concretó la sexta subasta pública de bienes recuperados del delito, marcando un hito por la cantidad de lotes comercializados, la concurrencia de público y el volumen de recaudación alcanzado.
De los nueve mil inscritos en el registro previo, cerca de cinco mil personas se congregaron de forma presencial con sus respectivas paletas asignadas para pujar por los diferentes artículos. El evento concluyó con el remate del ciento por ciento de la oferta disponible, logrando la venta total de los 224 lotes presentados.
En declaraciones brindadas a los medios, Pedro Búsico, secretario del Colegio de Martilleros de Santa Fe y responsable de la organización del remate, destacó el ambiente multitudinario y la diversidad del público presente. «Había oportunidad para todos los bolsillos; tenías autos de alta gama, de media y baja, bicicletas, motos y lanchas», señaló el martillero sobre la amplia variedad de bienes decomisados. Búsico comparó el marco festivo de la jornada con la concurrencia propia de un bingo, resaltando la asistencia masiva de parejas y familias enteras que se acercaron a participar.
Asimismo, el profesional ponderó las ventajas dinámicas de la modalidad presencial por sobre las subastas virtuales. «El remate presencial no tiene la frialdad del remate online; es una competencia personal, un desafío de ganarle al otro», afirmó Búsico tras explicar cómo los compradores expresaban su convicción agitando sus paletas en el recinto. Para coordinar el intenso ritmo de las ofertas entre la multitud, se desplegó un equipo especial integrado por 20 martilleros que asistieron de forma continua en el salón.
Respecto a las condiciones fijadas por la Agencia de Administración de Bienes Decomisados (APRAT), los compradores debían abonar en el acto un anticipo del diez por ciento a cuenta del precio final junto a un diez por ciento adicional correspondiente a la comisión del martillero, pudiendo pagar en efectivo o mediante transferencia bancaria. A partir de allí, los adjudicatarios disponen de un plazo estimado de entre 20 y 25 días para cancelar el noventa por ciento restante del valor y finalizar los trámites administrativos de entrega.
Por último, Búsico remarcó los estrictos controles de transparencia vigentes para evitar que personas vinculadas a las organizaciones delictivas desposeídas puedan recuperar los objetos incautados. Además, explicó que los vehículos se transfieren directamente a nombre del nuevo comprador y egresan del depósito con un nuevo dominio y chapa patente asignada.