El Gobierno acelera el «remate» de activos estratégicos: prorroga hidroeléctricas y avanza con privatizaciones

Mientras desde el oficialismo argumentan que el proceso busca garantizar la continuidad del servicio eléctrico tras el vencimiento de los contratos originados en la década de 1990 y captar divisas frente a los vencimientos de deuda de 2027, diversos sectores políticos, gremiales y especialistas en energía advierten sobre los riesgos de resignar el control estatal sobre recursos estratégicos y soberanos.

El tablero de las represas hidroeléctricas en juego

La medida abarca un total de 1.127,7 megavatios de potencia instalada distribuidos en cinco complejos clave del interior del país, cuyos actuales operadores tendrán un plazo de siete días corridos para adherir a la extensión temporal o deberán sostener el servicio durante al menos 45 días hábiles mientras el Estado define el traspaso:

• Hidroeléctrica Futaleufú S.A. (Chubut): Opera la central Futaleufú, la de mayor envergadura del listado, con 560 megavatios.

• Hidroeléctrica Diamante S.A. (Mendoza): A cargo de Agua del Toro, Los Reyunos y El Tigre, que suman 388 megavatios.

• AES Argentina Generación S.A. (Salta): Administra Cabra Corral y El Tunal, con 111,1 megavatios.

• Hidroeléctrica Tucumán S.A. (Tucumán): Gestiona El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, con 51,6 megavatios.

• Hidroeléctrica Río Hondo S.A. (Santiago del Estero): Opera Río Hondo y Los Quiroga, con 17 megavatios.

Este movimiento se suma a los procesos licitatorios ya encaminados para otras grandes represas del país, como Cerros Colorados, El Chocón-Arroyito, Alicurá, Piedra del Águila y Los Nihuiles, consolidando un esquema donde la Secretaría de Energía concentra la facultad de redactar los pliegos y firmar los nuevos contratos.

El frente ferroviario y las empresas estratégicas pendientes

El avance sobre el sector hidroeléctrico ocurre en paralelo a la reconfiguración del sistema ferroviario. En el caso del Belgrano Cargas, el Ministerio de Economía ya difundió los pliegos para concesionar por 50 años las vías e inmuebles de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza —una red de 7.594 kilómetros en 16 provincias—, bajo un modelo que excluye el pago de un canon al Estado y permite al operador privado financiarse mediante peajes y el uso comercial de propiedades linderas a las trazas.

A su vez, el Ejecutivo mantiene en cartera otros activos sensibles habilitados por la Ley Bases:

• Nucleoeléctrica Argentina (NASA) y YCRT: Aunque la normativa exige que el Estado retenga la mayoría accionaria (al menos el 51% en el caso de la carbonífera de Río Turbio), aún no se fijaron plazos definitivos para la apertura al capital privado, pese a que en 2026 ya se recibieron propuestas de inversión por USD 120 millones para las unidades productivas de YCRT.

• Energía Argentina (Enarsa) y Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA): Permanecen sin una hoja de ruta cerrada para desprenderse de centrales térmicas, gasoductos y la operación ferroviaria de pasajeros.

Mientras el equipo económico sostiene que la transferencia de estas unidades permitirá reducir el gasto público y atraer inversiones privadas, los críticos del programa señalan que el esquema prioriza la urgencia financiera de corto plazo por sobre la planificación estratégica de largo plazo en áreas vitales como la generación eléctrica y el transporte de cargas.