El diputado provincial de la Unión Cívica Radical defendió la media sanción obtenida en la Cámara baja para las herramientas legislativas impulsadas por Maximiliano Pullaro. Cuestionó la mirada ideológica del Partido Socialista dentro del frente Unidos, desmintió los rumores sobre detenciones arbitrarias y detalló el alcance de la trazabilidad de celulares, los allanamientos por tenencia de armas e incomunicación de presos de alto perfil.
El legislador provincial por el bloque Unidos, Martín Rosúa, analizó el alcance jurídico y operativo de la segunda generación de reformas en materia criminal aprobada recientemente por los diputados santafesinos. En diálogo con Andrés Battistella de 99 LATERAL TV, DERF.ar y El Municipal, el referente radical contrapuso los viejos paradigmas procesales con la urgencia de neutralizar la reconfiguración de las organizaciones narcocriminales, precisando que el paquete sancionado equilibra la eficacia investigativa con estrictos controles judiciales posteriores.
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«Si a un jefe de banda condenado se lo descubre mandando a delinquir desde la cárcel, pasa a aislamiento e incomunicación total»
Al profundizar en las diferencias internas que demoraron el debate dentro de la coalición gobernante, Rosúa apuntó contra las objeciones planteadas por el socialismo y defendió el enfoque pragmático frente al delito complejo. «Ellos tienen un sesgo más ideológico para analizar estos temas, nosotros los analizamos desde un punto de vista pragmático; creemos que la política de seguridad es urgente y la legislatura tardó cinco meses y veintitrés días en darle estas herramientas al gobernador frente al peligro cierto de rebrote», explicó el diputado respecto a la discusión parlamentaria. En esa misma línea, argumentó que la normativa vigente requiere actualizarse frente al avance criminal: «El derecho procesal penal estaba hecho para que el Estado no abuse en la persecución, pero hoy hay un nuevo paradigma que dice que también tiene que proteger al ciudadano de las bandas que matan y usurpan el territorio».
Asimismo, vinculó la necesidad de desarticular el mercado ilegal con las nuevas facultades otorgadas a los fiscales y fuerzas preventivas, aclarando las dudas generadas en torno al control de dispositivos móviles y procedimientos domiciliarios. «La policía no te va a sacar el teléfono de la mano ni acceder a tu información, solamente ante una sospecha te pide que exhibas el código IMEI para escanearlo con un lector y saber si es robado, igual que cuando te piden la tarjeta verde en la ruta», precisó Rosúa sobre la trazabilidad de equipos. Con claridad, también delimitó el alcance de las irrupciones sin orden previa: «Si agarran a una persona en la calle con armas o explosivos ilegales y se presume acopio en su domicilio, el fiscal podrá decidir el allanamiento inmediato para no perder la prueba, pero a las veinticuatro horas un juez debe validar lo actuado».
Finalmente, el legislador radical descartó de plano que la ley sancionada habilite demoras policiales por cuarenta y ocho horas y destacó las medidas extremas aprobadas para cortar el mando criminal desde las unidades penitenciarias. «La detención por averiguación de antecedentes por doce horas quedó postergada para una ley posterior aplicable únicamente en zonas puntuales tomadas por el narcotráfico donde el Estado debe desembarcar con seguridad y áreas sociales», aclaró sobre el punto más controvertido del proyecto original. Para concluir, resaltó el endurecimiento del régimen carcelario y las tareas de prevención: «Había jefes condenados a perpetua que se burlaban de los jueces diciendo que seguían ordenando delitos a través de sus allegados; ahora pasarán a incomunicación absoluta, sumado a que habilitamos la inteligencia preventiva del Ministerio de Seguridad con previa autorización judicial».
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Andrés Battistella
grupoderf@hotmail.com