Perotti encabezó el encuentro con parte del gabinete; el titular de la Corte, el responsable del MPA, legisladores y representantes de entidades con derechos vulnerados.
El elemento novedoso fue la participación de víctimas o familiares como Graciela Brondino por Santa Fe, Ezequiel Lowden de Rosario, o bien representantes de deliverys o estafados por ciberdelitos quienes de la mano del diputado Oscar Martínez tuvieron voz en el encuentro.
«Los objetivos son los mismos de otras reuniones, discutir, pero víctimas y familiares de víctimas le dio a la reunión otro ámbito, otro tenor. Poder escuchar de bocas de ellos lo que padecen. Es una reunión importante, productiva» detalló el Ministro Coordinador, Marcos Corach.
La propuesta de Baclini fue abordar con urgencia lo que está pasando en el Servicio Penitenciario, en los barrios con las intervenciones multiagenciales y hacer notar de que gran parte del delito se estructura dentro de las cárceles para lo cual se necesitan una serie de decisiones legales y políticas para cortar esa posibilidad.
El Ejecutivo se mostraba satisfecho con la marcha de la reunión mientras que los diputados de la oposición marcaban que no se veía plan o programa por parte de la nueva gestión del Ministerio de Seguridad. Los más enfáticos en marcar esta deficiencia fueron el radical Juan Cruz Cándido, presidente de la Comisión de Seguridad, y el socialista Joaquín Blanco. Para Martínez, en cambio, hay instancias de diálogo abiertas con las víctimas y consideró que hay posibilidad de trabajar todos juntos. Se pidió reabrir comisarías y entre ellas se marcó la suboctava en nuestra capital para atender la problemática de Coronel Dorrego.
Los legisladores expusieron los proyectos en marcha, los ofrecieron para seguir discutiéndolos y advirtiendo que muchos de ellos están en el Senado.
La presencia de las víctimas hizo cambiar el tenor de la reunión. «Escuchar y que ellos se sientan escuchados y, en algunos casos, después de pedir durante doce años justicia y haberse sentido maltratados por parte del Estado nos lleva a todos a tener una mirada crítica y de autocrítica sobre como nos comportamos», añadió Corach para retirarse optimista en la posibilidad de acordar leyes en materia de seguridad.
Luego también expusieron políticas de intervención del Estado en los barrios conflictivos por parte del vice ministro de Desarrollo Social, Ignacio Martínez Kerz y el secretario de Seguridad, José Córdoba Ríos. En tanto, Oscar Martínez se acercó a evaluar el encuentro con representantes de víctimas y de deliverys. El legislador subrayó la importancia de la presencia de ellos. «Todos los santafesinos somos víctimas de la inseguridad y de la violencia que nos atraviesa. Es responsabilidad de los tres poderes de dar la respuesta adecuada», señaló. «Celebramos el compromiso de poder abordar la situación de los deliverys y la necesidad de entender que la víctima del delito está en situación vulnerable y es responsabilidad del Estado tener empatía y que necesita del amparo del Estado que no le garantizó la seguridad o que no hace justicia ante su padecimiento», subrayó. Fernanda Fernández, trabajadora de delivery, dijo estar esperanzada en que se cumpla el compromiso para con ellos. El rosarino Ezequiel Lowden pidió acuerdos a la política para la prevención, el acompañamiento ante la justicia y que dejen de tirarse con los muertos.
Desde el radicalismo se cuestionó la falta de un programa elaborado de seguridad por parte del nuevo titular de la cartera, Rubén Rimoldi. «No hemos logrado que el ministro hable del plan de seguridad, objetivos de la cartera» dijo Fabián Palo Oliver. No obstante destacó que las asociaciones de víctimas reclamaron que la política deje de tirarse con los muertos y trabajen en búsqueda de consensos.
En tanto, Juan Cruz Cándido observó falta de respuestas del Ejecutivo ante la gravedad del problema pero además pidió que la provincia debe actuar con mayor énfasis en los puertos. «Es un huevo de la serpiente lo que pasa en los puertos y el tráfico se paga con droga que se queda en el territorio y que es violencia en los barrios. Se paga la logística con droga, y esperamos que el tema sea eje de la próxima reunión de la junta», se esperanzó.
Rimoldi puso eje en insistir con la colocación y mejora de las cámaras de seguridad en las diferentes localidades, apostar a la ciberseguridad y tener una fuerte presencia social en los barrios.
El socialista Joaquín Blanco fue muy crítico. «Preocupados y decepcionados porque el ministro no explicitó ideas, políticas de hacia donde quiere ir. El gobierno está en una situación preocupante ante la realidad de violencia e inseguridad y parece que no hay reacción. Nos vamos preocupados y dejamos una serie de propuestas y sugerencias para controlar las cárceles, políticas sociales en los barrios. Veníamos a escuchar un plan y nada ha aparecido» marcó. Para el socialista no fue una buena noticia que los senadores no hayan participado del encuentro. «No queremos que el próximo gobierno encuentre tierra arrasada en materia de seguridad», señaló.
Fuente: El litoral