El último informe relacionado con el suelo público de la ciudad de Santa Fe data de principios de 2020, por este motivo se es necesario renovar y trabajar en conjunto nuevas soluciones, propuestas y posibles discusiones.
El Concejo Municipal de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral firmaron un convenio para avanzar en conjunto en el relevamiento, estudio y análisis de posibles usos de los terrenos nacionales que se encuentran sin uso dentro del tejido urbano de la capital de la provincia.
Leandro González, como presidente del Concejo, y en Enrique Mammarella, como rector de la UNL, rubricaron este convenio a partir del cual el legislativo municipal creará una comisión especial que será presidida por el concejal Hugo Marcucci y que trabajará durante seis meses.
A partir de entonces, se presentará un informe con las discusiones, posibles soluciones y propuestas para afrontar la problemática. La comisión se conformará con cinco concejales, con representación de todos los bloques políticos.
A los terrenos nacionales que ya se encuentran sin uso, se sumarán aquellos que hoy forman parte de las redes ferroviarias que dejarán de estar operativas cuando los trenes dejen de atravesar la ciudad por la construcción del Circunvalar ferroviario. Además, aparecen zonas vacantes en lo que fue la vieja traza de la circunvalación norte, que nunca llegó a ejecutarse.
El último informe relacionado con el suelo público de la ciudad de Santa Fe data de principios de 2020 y fue elaborado por el sector político UCR/Encuentro, con la participación del concejal Lucas Simoniello. Aquel trabajo no incluyó los terrenos de vías desafectados por los avances del Circunvalar ferroviario.
En ese momento, se determinó que el 95% del suelo vacante pertenecía a propietarios privados y que el suelo público permitía la construcción de más de 5.000 viviendas.
«De los 80,4 kilómetros cuadrados del área habitable de la ciudad, quedan alrededor de 10 kilómetros cuadrados (1.000 hectáreas) libres de ocupación cuya zonificación admitiría destino residencial, lo que básicamente significa que podrían realizarse nuevos loteos y construirse nuevas viviendas», planteaba ese informe.
De esas 1.000 hectáreas libres, se relevaron en ese momento 57 hectáreas públicas: 36 hectáreas pertenecientes al Estado nacional, 16 hectáreas del Estado provincial y 5 hectáreas del Estado municipal.
Con información de Aire digital