El juez Pablo Spkuljak prorrogó la prisión preventiva de Walter Sales Rubio y Sheila Arteriza por diez meses más. Además, la fiscalía imputó un nuevo hecho -ascendiendo las víctimas a 15- a los entrenadores de triatlón de San José del Rincón que sometieron durante años a sus alumnos.
La prórroga fue solicitada por la fiscal Luciana Escobar Cello y por los abogados querellantes Juan José Patiño, José Luis De Iriondo y Matías Pautasso. La funcionaria señaló que la etapa de investigación penal preparatoria está por concluir, por lo que presentarán la acusación formal pronto. La misma contemplará penas muy elevadas.
Sales Rubio (44) y quien fuera su pareja, Sheila Arteriza (32), contaron con la representación legal de los Dres. Juan Bautista Fossa e Ignacio Alfonso Garrone, respectivamente. Éste último realizó un planteo de excarcelación, apoyándose en informes psicológicos para sostener que su defendida también fue víctima y que su participación en los abusos que le fueron imputados debe, por lo menos, analizarse desde esa perspectiva.
Hay nuevas denuncias
La fiscalía realizó una ampliación imputativa tanto a Sales Rubio como a Arteriza, atribuyéndoles un nuevo delito como coautores de “abuso sexual con acceso carnal calificado por ser encargado de la educación y por la participación de dos personas” en concurso real con “promoción a la corrupción de menores agravada”.
Luego, solicitó la prórroga, haciendo hincapié en que se trata de una causa compleja, que cuenta con dos imputadas más, con un total de 15 víctimas y que aún dos años después de su inicio continúan apareciendo nuevas denuncias. A esto se suma que muchas de las víctimas también fueron testigos de los abusos a otros menores, por lo que requirió un minucioso trabajo poder dilucidar y aclarar cada uno de los hechos. Por último, debido a las altas penas que serán solicitadas, la fiscalía sostuvo que la prórroga de la prisión preventiva es “proporcional y razonable”.
Las defensas se opusieron a la extensión de la cautelar, y solicitaron al magistrado que en caso de concederla no lo hiciera por el plazo máximo previsto (un año), sino que fuera por 6 o 9 meses. Consideraron que ese tiempo sería más que suficiente para que el bloque acusador pudiera presentar su acusación.
Tras analizar los planteos, el juez Spekuljak coincidió en que se trata de una causa compleja y sostuvo la necesidad de prorrogar la encarcelación de los imputados. Aún así, señaló que 10 meses deberían ser suficientes para terminar la investigación y pasar a la siguiente etapa del proceso, rumbo al juicio oral y público.
«Perturbación emocional y daño psíquico»
La defensa de Sheila Arteriza solicitó, previo al tratamiento de la prórroga de la prisión preventiva, que la mujer fuera excarcelada y continuara el proceso bajo medidas alternativas. El Dr. Alfonso Garrone presentó dos informes psicológicos, uno realizado por la AIC analizando una carta en la que la imputada contó su historia personal, y otro realizado a pedido de la defensa.
Utilizando el primero, el letrado repasó cómo surgió y evolucionó el vínculo entre su clienta y Sales Rubio. Ella lo conoció cuando tenía 4 años, y él 16. A los 6 comenzó a entrenar con él, a los 8 fue abusada sexualmente por primera vez. Esto se sostuvo. A los 15 empezaron una relación de pareja, la cual estuvo marcada por la violencia psicológica y física, y cuando ella cumplió 22, él comenzó a involucrarla en los abusos sexuales a sus alumnos menores de edad.
El informe confeccionado por la profesional de la Agencia de Investigación Criminal resaltó que Arteriza presenta un “estado de perturbación emocional y daño psíquico, con un trastorno de personalidad por dependencia”. El otro informe indicó que la mujer “carece de recursos simbólicos y psíquicos” y que “presenta una estructura psíquica endeble”. Para el abogado estos informes modifican la apariencia de responsabilidad de su defendida ante los hechos que le fueron imputados, por lo que solicitó medidas alternativas a la prisión preventiva.
La fiscalía señaló que los informes no refieren que Arteriza no comprendiera la criminalidad de los actos que realizó, sobre todo teniendo en cuenta que en ocasiones se negaba a participar. Las respuestas de los querellantes estuvieron en la misma línea, señalando que los informes no alcanzan para despojar a Arteriza de la responsabilidad por los actos que cometió.
El juez Spekuljak sostuvo que la responsabilidad penal de Arteriza en los hechos será materia de debate en el juicio, y que en la etapa actual de la causa los informes presentados no son suficientes para cambiar la situación procesal de la mujer. Por esto, no hizo lugar al pedido defensivo.
Otras imputadas
Por los abusos cometidos a alumnos de triatlón en Rincón también se encuentran imputadas Solange A., quién está bajo medidas alternativas a la prisión preventiva, y su madre Alicia Reina, quien permanece tras las rejas.
El Litoral