Con carteles y consignas a favor de la continuidad de la feria, los manifestantes se instalaron sobre la mano a Capital, dificultando el tránsito en una de las vías más transitadas del conurbano. Si bien pasada la media mañana accedieron a liberar un carril, el corte parcial se mantuvo hasta entrada la tarde, con fuerte presencia de efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), que tomó el control del operativo tras el retiro de la Policía Bonaerense, superada en número.
Según relataron fuentes policiales, el foco de la protesta está en el reclamo por la reapertura del predio, que permanece cerrado como consecuencia de una megacausa judicial por asociación ilícita, lavado de dinero y evasión impositiva.
La investigación, liderada por la fiscal federal Cecilia Incardona, derivó en la detención de Jorge Castillo y su hijo Manuel, además de otros operadores vinculados a las ferias. La causa ya identificó al menos 89 sociedades comerciales involucradas, más de 160 personas y un complejo entramado de maniobras financieras.
Durante la protesta, una de las manifestantes reveló que paga más de un millón de pesos mensuales entre alquiler y gastos administrativos para trabajar en La Salada, y denunció que la mercadería quedó retenida dentro del predio, impidiéndoles continuar con su actividad. “Hay muchas familias que viven de esto y hoy están sin poder trabajar”, afirmó en declaraciones televisivas.
La feria fue allanada el jueves anterior, un día sin actividad, para evitar disturbios y permitir el secuestro de documentación clave. El operativo, ordenado por el juez Luis Armella, incluyó 62 allanamientos simultáneos en distintos puntos del conurbano, además de la lujosa residencia de Castillo en un country de Luján, donde fue detenido.
El clima sigue siendo tenso en la zona y los feriantes no descartan nuevas medidas si no obtienen respuestas por parte de las autoridades. La causa avanza mientras la feria, epicentro de miles de puestos de trabajo informales, permanece cerrada e inmersa en un escenario de incertidumbre judicial y económica.
