Este martes pasado el mediodía una mujer fue descubierta en la Admisión del Instituto Correccional Modelo de Coronda, departamento San Jerónimo, cuando quiso ingresar una mesa de luz con doble fondo para un preso del pabellón 12.
La pericia de los guardias impidió el ingreso de ese elemento ya que dentro de ese fondo falso había nada más y nada menos que cinco teléfonos celulares de distintas marcas y cuatro chips.
A partir de esta situación, la visita fue suspendida por 160 días. Del mismo modo, trascendió que en las requisas de visitas de hoy fueron en total 8 los aparatos secuestrados.
Una orden redundante
Recordemos que hace unos días el juez Nicolás Foppiani ordenó la prohibición al acceso a teléfonos celulares para los presos en la cárcel de Coronda, luego de que una pareja fuera acusada de extorsionar a varios comercios en el sur de Rosario el viernes pasado.
La indicación del magistrado fue a pedido del fiscal Pablo Socca, quien tiene a su cargo la investigación de una serie de denuncias sobre mensajes extorsivos que tienen origen en la Unidad 1 de esta cabecera departamental. La orden del magistrado no es más que redundar sobre una tarea que en el Servicio Penitenciario es rutina diaria, como se ilustra con el ejemplo de los 5 teléfonos secuestrados.
Es más, una alta fuente penitenciaria, calificada y de experiencia en el tema y en el trabajo en la Unidad corondina que por cuestiones reglamentarias pidió no ser identificado, expresó: “Se hacen un montón de cosas desde siempre para evitar el ingreso de celulares, pero no alcanza, con los escáneres que nos dieron y el control del personal porque hay empleados que se prenden en eso, podríamos disminuir la cantidad, pero hacerlo desaparecer del todo… es casi imposible” porque “hacemos controles en el ingreso de personal, de la visita, requisas periódicas en los pabellones y celdas, así y todo no alcanza, y recordemos que ante una negligencia, generalmente paga el ´soldado´… Son las reglas de juego”.
¿Es delito que un preso tenga un teléfono?
La Ley Nacional 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, con adhesión de la Ley Provincial 11661/98 establece en el Art. 85 lo siguiente como “falta grave”: “c) Tener dinero u otros valores que lo reemplacen, poseer, ocultar, facilitar o traficar elementos electrónicos o medicamentos no autorizados, estupefacientes, alcohol, sustancias tóxicas o explosivos, armas o todo instrumento capaz de atentar contra la vida, la salud o la integridad propia o de terceros”.
Se trata de una infracción al reglamento interno de los reclusos por lo cual, a manera de ejemplo, si un preso tenía conducta ejemplar y se le aplican 10 a 12 días de “multa” por cada teléfono encontrado en su poder, descenderá tres grados en su legajo, por lo que de “ejemplar” pasará a tener “regular” su conducta y esto afectaría el avance hacia las salidas transitorias, por ejemplo.
Ahora bien… Esto siempre que el reo esté condenado, porque si está procesado, en nada lo afectaría tener un celular encima.
Puesta en marcha del escáner
El pasado 29 de diciembre la Unidad 1 de Coronda recibió este aparato que permitirá un control mayor y más celoso de todo lo que ingrese a la unidad en el cuerpo o las pertenencias de las visitas y también de empleados u otras personas que ingresen a diario o periódicamente al penal.
Este artefacto similar al usado en aeropuertos consta de tres partes: cinta transportadora, body scan y detector de metales, pero en este caso están diseñados específicamente para institutos penales.
El sistema permitirá detectar lo que mayormente se quiera ocultar, en cualquier parte del cuerpo, aún las más sensibles, ya sean teléfonos pero también metales y no metales, armas, estupefacientes, herramientas y todo aquello que no se anote como presentado por la visita a la hora de querer ingresar al pabellón correspondiente.
También es cierto que la “acción-reacción” que en la Ley de Newton conlleva a que lo primero atrae a lo segundo, suele poder ser aplicada a la vida en una cárcel. Porque ante el anuncio de que la semana próxima se instalaría y pondría en funcionamiento este aparato de control, este medio confirmó que ya hubo internos que comenzaron con amenazas de “quil…” si se frena el tráfico de teléfonos o se limita la comunicación de los reclusos en forma masiva a través de este modo.
Los datos oficiales marcan que durante el 2021 se secuestraron más de 3 mil celulares en los penales santafesinos y esa cifra trepó a 5.700 el año pasado. En otras palabras había un teléfono cada dos detenidos.
Fuente: El Litoral
