El abogado defensor de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, anticipó este miércoles los pasos que seguirán luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firma la condena a la dos veces presidenta de la Nación a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos.
«Tenemos un término de cinco días para que ella se presente en Comodoro Py. Mientras tanto, se está tramitando un pedido de arresto domiciliario que el tribunal tendrá que resolver antes de esa fecha», detalló el abogado.
Belardi informó además que la defensa de Kirchner planea utilizar el tiempo disponible para cumplir con todas las disposiciones legales: “Tenemos tiempo hasta el miércoles de la semana que viene y lo vamos a utilizar”.
En cuanto al pedido de arresto domiciliario, el abogado defensor aclaró que la solicitud se fundamenta en la edad de la ex presidenta y su condición de ex jefa de Estado. “Tiene 72 años, es ex presidenta de la Nación, tiene una custodia específica, para eso está la prisión domiciliaria. El Tribunal decidirá”, explicó.
Ene se sentido consideró que la situación de Cristina Kirchner es “inobjetable” para acceder al beneficio de la prisión domiciliaria. Además hizo una aclaración: “El régimen de visitas no se le va a limitar en ningún caso”.
Luego, Beraldi rechazó opción de imponerle una tobillera electrónica. “La tobillera es una medida de seguridad que en el caso de Cristina Kirchner no tiene ningún sentido porque es para monitorear que no sale de su domicilio; para eso está su custodia”, señaló.
El abogado también dio detalles del estado anímico de la titular del PJ.“Está muy bien, siempre atenta a todo lo que pasa, es una dirigente política de una gran importancia. No tiene miedo, se va a presentar y va a cumplir con todas las disposiciones que dicten los tribunales, como lo hizo en los últimos 10 años. Eso no va a cambiar por lo que resolvió la Corte Suprema. Es una militante, está muy íntegra como siempre” contó y señaló que «acompañada por su familia y por los militantes”.
Beraldi insistió además en que se trata de una decisión política y no jurídica. “Nadie puede dudar de que esto es un fallo político; sería jurídico si no hubiesen cometido la enorme cantidad de irregularidades que hemos descripto en los recursos y que no fueron contestadas”, señaló.
«Fue una perseguida política durante muchísimo tiempo y este fallo que la priva de justicia lo confirma”, insistió y confirmó que en los próximos días harán un pedido formal a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “La presentación ante tribunales internacionales debe hacerse dentro de los seis meses de notificada (la resolución judicial). Es vinculante”, concluyó.