La fiscalía federal a cargo de Franco Picardi y Sergio Rodríguez, este último de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PÍA) pidió la indagatoria de los principales directivos de la droguería Suizo Argentina, a la que acusó de haber capturado el funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para ponerla al servicio de sus propios intereses económicos.
Según la investigación, la firma no solo habría obtenido compras con sobreprecios, sino que también habría controlado el circuito de adquisición de medicamentos de alto costo, definido quién ganaba las compulsas de precios y hasta intervenido en las decisiones sobre los pagos a otras droguerías.
“Las decisiones institucionales de la ANDIS eran tomadas por la Suizo Argentina S.A. en coordinación con los altos funcionarios a cargo”, sostuvieron los fiscales en un dictamen de más de 300 páginas que reconstruye un presunto entramado de corrupción entre mayo de 2024 y agosto de 2025.
De acuerdo con la acusación, durante ese período la empresa habría administrado las compras de medicamentos del Programa Federal Incluir Salud y coordinado un esquema de cartelización integrado por otras 14 droguerías. El objetivo, según los investigadores, era asegurarse adjudicaciones, establecer los precios de venta y distribuir los negocios dentro de un circuito controlado por la compañía.
El volumen económico del caso es uno de los datos centrales de la presentación: la Suizo Argentina recibió órdenes de compra por $137.118.708.357 en 15 meses, una cifra equivalente a cerca del 30% de las erogaciones totales de la ANDIS durante el período investigado.
Para los fiscales, no se trató solamente de irregularidades en contrataciones públicas. La hipótesis es que una empresa privada consiguió una influencia decisiva sobre un organismo estatal que debía garantizar prestaciones a personas con discapacidad y enfermedades graves.
Cómo funcionaba el esquema: información anticipada, precios y pagos
La investigación sostiene que la Suizo Argentina recibía información anticipada de funcionarios de la ANDIS sobre las compras que iban a realizarse. Con esos datos, la empresa podía organizar las ofertas, fijar los valores de venta de sus propios medicamentos y de los comercializados por otras droguerías y determinar qué firma debía resultar ganadora en cada compulsa.
Pero la intervención, según la fiscalía, iba más allá de la fijación de precios. La compañía también habría dado indicaciones sobre a quién pagar y a quién demorarle los desembolsos, mientras llevaba un registro detallado de los montos y porcentajes asignados a cada proveedor.
Los investigadores describieron un mecanismo de “doble pacto”: por un lado, un acuerdo con funcionarios de la ANDIS para acceder a información privilegiada y controlar las compras; por el otro, un entendimiento con las droguerías que participaban del sistema, que debían seguir las reglas impuestas por la Suizo Argentina para poder venderle al Estado.
La empresa habría tenido así la capacidad de decidir quién ganaba y en qué condiciones. Quienes no respetaban ese funcionamiento podían sufrir represalias mediante la demora de sus pagos.
La acusación citó, como ejemplo, un mensaje atribuido a Pablo Atchabahian dirigido a Daniel María Garbellini: “Frena y dormí los pagos de Dihemo lo más que se pueda, están jugando mal”.
Para los fiscales, esa frase expone cómo el manejo de los desembolsos públicos habría sido utilizado como una herramienta para disciplinar a las empresas que no se ajustaban al esquema.
Los archivos secuestrados y analizados durante la investigación también habrían permitido reconstruir el funcionamiento de las compulsas.
Según el dictamen, la Suizo Argentina tenía registros con los medicamentos requeridos, las droguerías que resultarían ganadoras y los precios de venta, incluso antes de que finalizaran los procedimientos de compra en el sistema SIIPFIS, utilizado por la ANDIS para adquirir medicamentos de alto costo.
La fiscalía sostuvo que esa información previa luego coincidía con los resultados oficiales de las contrataciones.
Un medicamento contra la esclerosis múltiple: de $92.000 a más de $4 millones
Uno de los ejemplos más contundentes incorporados al dictamen tiene como protagonista a un medicamento utilizado para tratar la esclerosis múltiple. La fiscalía reconstruyó cómo un producto que la Suizo Argentina habría adquirido a un costo de $92.000 por unidad terminó siendo vendido a la ANDIS por valores superiores a los $3,8 millones.
Según la presentación, en julio de 2024 el gerente de la División Tratamientos Especiales de la droguería informó a su equipo el costo de adquisición del medicamento y dio una instrucción explícita sobre el precio de comercialización.
“[El precio] lo pones vos loco, el que quieras, ganemos plata”, fue la frase citada por los fiscales.
El producto terminó siendo comprado por la ANDIS a la Suizo Argentina por importes que oscilaron entre $3.870.392 y $4.063.912 por unidad. La fiscalía calculó que el precio de venta llegó a ser unas 42 veces superior al costo de adquisición, con un incremento de aproximadamente 4.106,95%.
Los investigadores señalaron, además, que ese mismo medicamento había sido comprado por la agencia estatal a otra droguería por $281.400 en mayo de 2024. Apenas dos meses después, la ANDIS lo adquirió a la Suizo Argentina por más de $4 millones.
La comparación forma parte de los elementos que, para la acusación, permiten demostrar que los precios pagados no respondían a una competencia efectiva entre proveedores, sino a un mecanismo que habría permitido imponer valores extraordinariamente elevados.
Los fiscales describieron esos importes como “precios irracionales” que la ANDIS pagaba sin reparos, en perjuicio de los recursos públicos.
La droguería que concentró casi un tercio de los fondos
El dictamen ubica a la Suizo Argentina como la principal beneficiaria de las compras investigadas, tanto durante la gestión de Diego Orlando Spagnuolo como, especialmente, a partir de la llegada de Daniel María Garbellini a la estructura del organismo.
La fiscalía también puso el foco en el papel de Pablo Atchabahian, a quien señaló como lobbista y operador de la compañía. Según la acusación, los directivos de la droguería lo reconocían como un hombre de confianza de la firma, al que describían como un “gran soldado”.
La hipótesis fiscal es que la combinación entre el acceso a información privilegiada, el control de las compulsas y la capacidad de influir sobre los pagos permitió que la Suizo Argentina se consolidara como la principal adjudicataria del sistema.
En ese contexto, los investigadores también detectaron encuentros en restaurantes entre funcionarios de la ANDIS y personas vinculadas con la empresa, a quienes los propios funcionarios se referían como “los amigos de Suizo”.
Otro de los puntos bajo análisis es la relación entre los directivos de la droguería y Miguel Ángel Calvete. De acuerdo con el dictamen, durante 2024 le habrían pagado más de 54.000 dólares sin que se identificaran actividades comerciales legales que justificaran esas sumas. Los fiscales también señalaron que los empresarios recurrieron a Calvete cuando la Suizo Argentina estaba siendo allanada.
Génesis, la firma que habría servido para triangular las ventas
La fiscalía identificó, además, a Droguería Génesis S.A. como una presunta empresa interpuesta que habría sido utilizada por la Suizo Argentina para comercializar medicamentos destinados a la ANDIS, con incrementos de precios que superaban el 200%.
Según la investigación, Génesis pasó de tener una actividad prácticamente inexistente en 2023 a ubicarse entre las diez firmas que más pagos recibieron del Estado durante 2024 y 2025.
Entre mayo de 2024 y agosto de 2025, la empresa obtuvo adjudicaciones por $34.066.729.176. La firma está vinculada a Atchabahian y su presidente, Andrés Horacio Arnaudo, también quedó alcanzado por el pedido de ampliación de indagatoria.
Para los investigadores, la utilización de una empresa interpuesta habría permitido incrementar los valores de los medicamentos y canalizar operaciones dentro del esquema investigado.
El viaje a Israel y los nuevos pagos atribuidos a Spagnuolo
El pedido fiscal también incorporó nuevos hechos que comprometen al exdirector ejecutivo de la ANDIS Diego Orlando Spagnuolo.
Además de los pagos en efectivo detectados en etapas anteriores de la causa, los investigadores sostuvieron que Calvete gestionó y financió un viaje de Spagnuolo a Israel entre el 14 y el 25 de noviembre de 2024.
Según la presentación, el empresario habría pagado los pasajes de avión, el hospedaje y los servicios de asistencia al viajero. La secretaria de Calvete incluso habría intervenido en la elección del asiento del vuelo.
Los fiscales incorporaron esos gastos como parte de los presuntos pagos de sobornos al exfuncionario. De acuerdo con la acusación, la organización de ese viaje habría estado vinculada al pago de favores políticos.
La nueva imputación se suma a las sospechas sobre el vínculo entre los funcionarios que conducían la agencia y los empresarios que se beneficiaban de las contrataciones.
Las claves encriptadas y la resistencia durante el allanamiento
Otro de los elementos que destacó la fiscalía fue lo ocurrido durante el allanamiento a la sede de la Suizo Argentina en agosto de 2025. Según el dictamen, los directivos no proporcionaron las claves de sus computadoras, cuyos discos estaban encriptados.
La presentación sostiene que el encargado de sistemas de la empresa incumplió una orden judicial, un episodio que se incorpora al conjunto de evidencias reunidas para reconstruir el funcionamiento de las operaciones y el acceso a la información sobre las compras públicas.
Los fiscales consideran que los archivos y registros de la compañía resultaron relevantes para identificar la coordinación entre la Suizo Argentina, las otras droguerías y los funcionarios que intervenían en las contrataciones.
Quiénes son los empresarios y funcionarios alcanzados por el pedido
Por los nuevos hechos, la fiscalía solicitó la indagatoria de los principales responsables de la Suizo Argentina:
- Jonathan Kovalivker, presidente de la compañía.
- Emmanuel Kovalivker, vicepresidente.
- Diego Viner, director de Compras.
- Sebastián Nuner Uner, director de Asuntos Corporativos.
- Gonzalo Zarbo, gerente de la División Tratamientos Especiales.
- Fernando Domínguez, coordinador de esa área.
El pedido también alcanza a directores, gerentes y socios de las otras 14 droguerías que, según la acusación, integraban el esquema: Dihemo S.A., Droguería 20 de Junio S.A., Lowsedo S.R.L., Soldist S.R.L., Seguermed S.R.L., Luley S.A., Droguería Meta S.A., Ultra Pharma S.A., Droguería del Sud S.A., Droguería Disval S.R.L., Hemipharm S.R.L., Medipharma S.A., Droguería Génesis S.A. y Scienza Argentina S.A.
En paralelo, los fiscales pidieron ampliar las indagatorias de cinco personas que ya estaban imputadas en el expediente: Spagnuolo, Garbellini, Atchabahian, Calvete y Arnaudo.
El avance de la investigación busca profundizar las responsabilidades tanto de los funcionarios públicos que intervenían en las compras como de los empresarios que, según la hipótesis fiscal, habrían organizado y aprovechado el circuito de contrataciones.
“Tienen víctimas con nombre y apellido”: el duro cierre de la fiscalía
En uno de los pasajes contundentes del dictamen, los fiscales cuestionaron la idea de que los delitos de corrupción carecen de víctimas concretas. Para la acusación, el caso ANDIS muestra precisamente lo contrario.
“Los hechos de corrupción que forman parte de las presentes actuaciones son de tal magnitud que demuestran que la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dependiente del Ministerio de Salud, fue puesta al servicio de los sujetos privados que le vendían insumos y medicamentos de alto costo y bajo impacto, para tratar enfermedades y discapacidades graves de diverso tipo”, sostuvieron.
La fiscalía puso el foco en las consecuencias que el presunto esquema habría tenido sobre quienes dependen de la asistencia estatal para acceder a tratamientos indispensables.
“Se suele sostener que los hechos de corrupción no tienen una víctima concreta, pero el caso ANDIS es uno de los casos que mayor aversión genera, ya que tiene víctimas con nombre y apellido: las personas con discapacidad y sus familias”, afirmaron.
Los fiscales hicieron especial hincapié en la situación de las personas con discapacidad de bajos recursos y de quienes padecen enfermedades crónicas graves, que necesitan del Estado para obtener medicamentos sin los cuales su salud puede deteriorarse.
En ese sentido, advirtieron que las presuntas maniobras no solo habrían perjudicado las cuentas públicas, sino que también habrían afectado prestaciones destinadas a mejorar la calidad de vida de una población especialmente vulnerable.
La reflexión final apunta al impacto social de la causa: “Las víctimas observan cómo funcionarios públicos corruptos y empresarios inescrupulosos se apoderan del dinero que les pertenece”, señalaron los fiscales, al describir la impotencia y la indignación que estos hechos generan, en particular entre las madres y los padres de niños con discapacidad.