Según informaron fuentes judiciales, el argumento del pedido presentado por el fiscal de la UFI 16 de San Martín, Germán Martínez, es que se afectó a la salud pública y que el fuero federal tiene más recursos para desarticular toda la organización.
La fiscalía que investiga las 24 muertes y más de 80 intoxicaciones que produjo la semana pasada el consumo de cocaína adulterada en los partidos bonaerenses de Tres de Febrero, San Martín y Hurlingham planteó la incompetencia, para girar el expediente a la justicia federal, con el argumento de que se afectó a la salud pública y que ese fuero tiene más recursos para desarticular toda la organización, informaron hoy fuentes judiciales.
Martínez describe una “estructura articulada y con eslabones superiores que participaron en la elaboración, estiramiento y/o adulteración, fraccionamiento, distribución y venta del material estupefaciente altamente nocivo, la cual va más allá del último eslabón de la cadena del narcotráfico” que, según la Ley de Drogas, es el único estadio donde puede intervenir la justicia ordinaria.
Definió a la cocaína adulterada que la banda comercializaba en el asentamiento Puerta 8 de Tres de Febrero como un “arma letal”.
Por otro lado sostuvo que “la investigación de los homicidios cometidos no pueden escindirse de la competencia federal originaria sobre la Ley 23.737”.
Si bien Martínez indicó que las pericias químicas “se encuentran en pleno desarrollo” y “no se tienen certezas aún sobre la sustancia que contiene la droga ilícita”, en este caso “se encuentra comprometida en la presente la Salud Publica Provincial y/o Nacional, ya que si bien no se puede asegurar que el estupefaciente ilícito letal este distribuido en otras jurisdicciones, menos puede descartarse”.