Colectivos: Las empresas quieren revisar el precio del boleto cada 30 días

Así lo solicitaron en una nota enviada al municipio. Piden una urgente convocatoria del órgano de control, ante la “millonaria falta de recursos” para mantener la prestación del servicio.

Representantes de todas las empresas de transporte urbano de la ciudad (Autobuses Santa Fe SRL, Recreo SRL y Ersa Urbanos SA) suscribieron y enviaron una nota a la Municipalidad para solicitar que se implemente un mecanismo en el que se discuta y ajuste la tarifa del boleto de colectivos en un plazo no mayor al de 30 días.

En la nota remitida a la Municipalidad con fecha del 31 de octubre de 2023 se plantea una «inmediata convocatoria» al órgano de control municipal de la dirección de Transporte para que se de lugar al petitorio de las empresas para que en este plazo «se actualice el costo del boleto y se compense al sistema de transporte por los valores a afrontar en constante suba inflacionaria«.

Esto se da luego de que, precisamente este miércoles, se haga efectivo en la ciudad un nuevo aumento del boleto de transporte público de pasajeros. El incremento mismo ronda el 18% y ya había sido acordado entre los empresarios y el municipio en el mes de agosto, aunque luego de eso no se volvieron a discutir ajustes tarifarios que es lo que moviliza a los empresarios a emitir esta nota formal.

Las empresas habían enviado en el pasado mes de octubre una nota al ejecutivo municipal solicitando que se abone los fondos de subsidios que se habían acordado para mantener la tarifa plana del boleto en $185, en detrimento de los $309 que pidieron en su momento para poder cubrir la totalidad de costos en franco ascenso.

Esta nota «no tuvo respuesta de parte del municipio» según afirmaron a UNO empresarios del sector, quienes enviaron un nuevo escrito formal al municipio en el que destacan la crisis del sistema al que aducen un déficit de 350 millones de pesos por mes.

En este marco, las dos principales peticiones de las empresas en la nota emitida este martes 31 de octubre pasan por lo siguiente: en primer lugar, apuntan a que «se considere un sistema de discusión y fijación de tarifas por períodos no mayores a 30 días que contemplen las variables básicas del sistema, como el salario, combustible y lubricantes, cubiertas e inflación, ajustándose en consecuencia«.

Por otro lado sostuvieron que «se establezca un régimen de compensaciones mensuales, en función de las posiciones que se presenten en adelante, conforme a las variables anunciadas en el punto anterior».

Destacan que por la falta de revisión de aportes al sistema desde el mes de agosto «se hace inviable la continuidad de los servicios sin una recomposición de los ingresos del sistema que según el propio Ministerio de Transporte de la Nación, llevan a considerar una tarifa media de $700 por pasajero, precio que dista mucho de los recursos con los que dispone el sistema, entre ingresos vía tarifa y los que inyecta el estado por todo concepto».

Por esto, empresarios subrayaron que se requiere de una «urgente» definición de la situación económica del contrato para prestar adecuadamente el servicio de transporte urbano de colectivos.

En el comunicado se menciona que «las condiciones contractuales que rigen entre la concedente y las concesionarias, en cuanto a la fijación de tarifas en la jurisdicción, y que datan desde el inicio de las prestaciones por las operadoras, cuyos parámetros y/o variables de cálculo se encuentran desactualizados y/o su ponderación no resulta representativa de la actual situación, siendo responsabilidad del municipio remunerar adecuadamente a nuestros prestadores en virtud de los términos del servicio«.

Para concluir, el pedido de las empresas de transporte afirma que «tales alternativas requieren de su inmediato tratamiento y definición, con el único objetivo de brindar previsibilidad al sistema y evitar la continuidad del fuerte deterioro económico a las prestadoras, conforme se viene exponiendo en cada nota, petitorio y requerimiento que viene provocando una manifiesta imposibilidad de seguir prestando los servicios, cumplir con las obligaciones que surgen de los contratos de concesión y los compromisos salariales con nuestros trabajadores, por circunstancias ajenas a la responsabilidad de las concesionarias».

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