Mientras avanzaba la investigación en su contra y pesaban sobre él las medidas restrictivas, Constantino se acercó a las víctimas en varias oportunidades, por lo que permaneció 24 horas detenido el 26 de agosto de 2021 y llegó a juicio con prisión domiciliaria.
El ex intendente pidió licencia con goce de sueldo recién luego de que el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, enviara a la Legislatura un pedido de intervención del Municipio; tras la condena solicitó la misma medida pero sin haberes.
Los abogados defensores Fabián Otarán, Mario Arcusín y Micaela Baptista apelaron la sentencia frente a la Cámara de Casación de Concordia y, previo al inicio del juicio, afirmaron que a su cliente «le habían hecho una cama, quizás por celos y para bajarlo de la política porque tiene atractivo sobre las mujeres, siempre tuvo auto y formación«.
«Según el Derecho Penal, todas las relaciones con menores de 15 son abusos con acceso carnal, de 15 a
18 se llama estupro y se supone que una menor de 18 años no tiene conciencia, y no entiende o le parece un juego, aunque ya sabemos que una de 12 tiene más conciencia que yo, de 66«, consideró el abogado Arcusín.
El Instituto de Mujeres, Géneros y Disidencias del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos repudió «tajantemente» esas declaraciones, señalaron que «ningún profesional del derecho puede hacer apología del delito sexual, ni justificar conductas abusivas», y exigieron la aplicación de la ley Micaela «para todos y todas las profesionales del derecho».
El recurso de la defensa fue sopesado por los jueces de la Sala II de la Cámara de Casación de Concordia que lo rechazaron y confirmaron la condena que había sido emitida en marzo de 2023.
Con esta decisión, comienza a correr el lapso para que la defensa recurra al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (Stjer) para que analice la sentencia y que no sea considerada firme y de cumplimiento efectivo, lo que rechazaron desde la querella y la fiscalía.
La condena «fue muy correcta y apegada a derecho», dijo a Canal Once el abogado querellante, Juan Ignacio Weimberg, y resaltó que permitió «llevarle mucha paz» a las víctimas, junto con la «visibilización y provincialización del tema».