El máximo tribunal anulara partición de bloque K para alzarse con silla en el Consejo de la Magistratura.
En esa secuencia se inscribe la oportunidad de la decisión (nunca existe buen timming para el que pierde), pero por sobre todas las cosas, proyecta un ya indisimulable conflicto interpoderes, entre el Judicial y el Legislativo, más por la previsible reacción del bloque K que anticipó para hoy una conferencia de prensa donde denunciará un avasallamiento de sus facultades. La guerra abierta solo ordena una situación de hecho, en una relación sin retorno. Pero en la faceta política del fallo, otros receptores del mensaje del máximo Tribunal fueron los jueces de instancias inferiores, sobre todo del poderoso Contencioso Administrativo Federal que “debió” haber tomado nota de que podría haber sustancia en el amparo presentado por los opositores, en lugar de fascinarse con la jugada sorpresiva con la que Cristina rompió la perplejidad en la que había quedado todo el oficialismo.
El oficialismo -después del pataleo- puede argumentar que si la foto a diciembre era otra, la foto actual -dinámica- ofrece al bloque de Unidad Ciudadana ya escindido como segunda minoría. Todo materia de judicialización, lo que ayer había puesto al Consejo en un estado de alboroto. El problema de base es otro: al haber puesto en vigencia la ley que regulaba el Consejo que fue diseñada en 1998, la concepción de bloque acompañaba límites partidarios clásicamente delineados y no conocía nociones de coaliciones o interbloques con bordes difusos. Tampoco el Congreso pudo dar una discusión sólida y consensuada para adaptar la herramienta regulatoria al actual marco de acción.
La decisión la firmaron Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz quienes deliberadamente se ubicaron a sí mismos en el centro de todos los cuestionamientos del kirchnerismo. Al primero, además, le achacan haber votado siendo parte del Consejo lo que, a su entender, no debería. Ricardo Lorenzetti no votó. Su enfoque acerca de que la Corte traspasó un límite al reinstaurar la ley previa a la reforma de 2006 bloquea su posición acerca de cómo operativizar la sentencia que prescribía cómo organizar el formato nuevo-viejo de 20 integrantes.
De todas formas, el mensaje es inequívoco cuando el fallo menciona que se vulneró el principio de “buena fe” como guía de las relaciones jurídicas y subrayó la palabra “inoponible” (situación jurídica de un acto ineficaz respecto de determinadas personas) la partición del FdT para estos fines. Para la Corte, es como si nunca hubiera existido, lo que extiende los alcances más allá del caso. El Máximo Tribunal fustigó: “la realización de acciones que, con apariencia de legalidad, procuran la instrumentación de un artificio o artimaña para simular un hecho falso o disimular uno verdadero con ánimo de obtener un rédito o beneficio ilegítimo, recibe un enfático reproche en múltiples normas del ordenamiento jurídico argentino”. Pero la estocada fue más allá: “el respeto del Poder Judicial al ejercicio que hace otro poder del Estado de sus potestades propias nunca significó otorgar una patente de corso para burlar el debido proceso parlamentario”. Para la Corte se desconocieron las “más elementales reglas constitucionales”.
Ante este escenario, lo más factible es una escalada. Su duración, un interrogante. El ansiado y deseable diálogo interpoderes, una quimera.
Fuente: Ambito