Un nuevo relevamiento sobre la situación de los comedores y merenderos populares de la ciudad de Santa Fe expuso un escenario marcado por la inseguridad alimentaria, la falta de empleo y las dificultades para cubrir las necesidades básicas de numerosos hogares.
El informe, elaborado a partir de un relevamiento realizado durante julio y agosto de 2026, tuvo como objetivo generar un diagnóstico sobre la realidad de estos espacios, sus trabajadores y las personas que concurren en busca de alimentos. La investigación apunta también a aportar información para el diseño de políticas públicas integrales frente a la emergencia social.
Inseguridad alimentaria: un dato que preocupa
Uno de los principales resultados del estudio señala que el 50% de las familias que asisten a comedores y copas de leche de Santa Fe pasa habitualmente un día sin comer.
El relevamiento clasificó la inseguridad alimentaria en tres dimensiones: leve, moderada y severa. Según los resultados difundidos, el 50% corresponde a situaciones severas, mientras que un 25% se ubica en el nivel moderado y otro 25% en el nivel leve.
El informe también indica que la problemática alcanza tanto a adultos como a menores: dentro de los casos relevados, la inseguridad alimentaria severa alcanza al 60% de los adultos y al 40% de los menores.
El rol de los comedores en Santa Fe
Los espacios comunitarios aparecen como un sostén fundamental para numerosas familias. De acuerdo con el relevamiento, el 50% de las familias que asisten a comedores y merenderos no podría garantizar una ración diaria de comida si estos espacios no existieran.
El informe también analiza desde cuándo las familias comenzaron a recurrir a estos lugares. Un 30% comenzó a asistir durante el último año, otro 40% lo hace desde hace entre uno y tres años y el 30% restante concurre desde hace más de tres años.
Según el estudio, el 70% de las familias relevadas comenzó a asistir por primera vez a un comedor o copa de leche desde que asumió el gobierno de Javier Milei.
Mujeres, principales protagonistas
Otro de los ejes del relevamiento es la denominada feminización de la pobreza. Los resultados muestran que el 65% de las personas que concurren a buscar comida son mujeres, mientras que representan el 90% de quienes sostienen los comedores y merenderos.
Además, en el 50% de los hogares entrevistados el principal ingreso es aportado por mujeres. Entre los hogares con menores sostenidos por mujeres, el 72% son monoparentales, es decir, están a cargo de mujeres que afrontan solas las responsabilidades familiares.
La distribución de las tareas de cuidado también refleja esta desigualdad. El estudio señala que el 75% de las mujeres mayores de 18 años se encarga de casi todas o todas las tareas de cuidado, mientras que esa proporción se reduce aproximadamente a la mitad entre los varones.
Necesidades básicas insatisfechas
La situación social también queda reflejada en el acceso a condiciones básicas de vida. El relevamiento indica que el 61% de las familias encuestadas tiene necesidades básicas insatisfechas (NBI).
Entre los indicadores utilizados aparecen la vivienda precaria, la falta de baño, el hacinamiento, la inasistencia escolar y la baja capacidad de subsistencia. El informe considera que un hogar presenta NBI cuando cumple al menos una de esas cinco condiciones.
Falta de trabajo y empleo temporal
El panorama laboral constituye otro de los puntos destacados. Según el relevamiento, en el 25% de las familias encuestadas ningún integrante tiene trabajo.
A nivel individual, el 42% de las personas relevadas no tiene trabajo. Entre quienes sí trabajan, el 70% cuenta con un trabajo temporal, de acuerdo con los resultados del estudio.
La combinación entre falta de empleo, trabajos temporales y dificultades para garantizar la alimentación ayuda a explicar el peso que tienen los comedores y merenderos populares como espacios de contención para las familias de distintos barrios de Santa Fe.
Las dificultades económicas también aparecen en las estrategias utilizadas para afrontar los gastos cotidianos. El relevamiento señala que el 30% de las familias pidió fiado o recurrió a un crédito durante los últimos 30 días.