“La amenaza no puede considerarse abstracta ni jurídica en sentido técnico: se trata de una reacción del sistema de poder ante el resurgimiento electoral de una figura política de enorme legitimidad popular”, indicó.
Concretamente, el escrito presentado ante la Corte Internacional en base al Estatuto de Roma alude a la persecución contra la ex jefa de Estado y actual referente de la oposición política, quien “se encuentra hoy bajo amenaza real e inminente de detención arbitraria por causas judiciales manifiestamente viciadas”.
“El intento de encarcelar a Cristina Fernández de Kirchner no es un acto aislado. Es la pieza final de un engranaje de persecución sistemática y sofisticada. El silencio ante este caso puede sentar un precedente de retroceso democrático en toda América Latina”, advirtió la presentación.
El letrado se presentó ante la Corte Penal Internacional para ampliar una denuncia “con legítimo interés en la protección del Estado de Derecho”. Anticipó que también se presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Esta nueva escalada se enmarca en un patrón reiterado de actos coordinados por agentes estatales y paraestatales, que podrían configurar elementos típicos del crimen de persecución por motivos políticos (artículo 7.1.h del Estatuto), cometido en el contexto de un ataque generalizado y sistemático contra un sector de la población civil (art. 7.2.a)”, consignó el letrado en la presentación internacional.
El lawfare como mecanismo de anulación política
La presentación remarca que Cristina Kirchner ha sido objeto de al menos 12 causas penales iniciadas en forma simultánea, muchas de ellas sin fundamentos probatorios, y con graves irregularidades procesales.
Entre las más relevantes se destacaron la violación al principio del juez natural, con designaciones irregulares y manipulación del sorteo judicial; la falta de imparcialidad manifiesta, con jueces y fiscales con vínculos políticos con sus adversarios.
Se resaltan “sentencias dictadas en tiempos electorales, con intención manifiesta de incidir en el proceso democrático y “restricción efectiva de su derecho a ejercer cargos públicos, mediante estrategias de “inhabilitación de hecho”.
Violencia política de género
La presentación denuncia que la persecución contra Cristina Kirchner reviste también características de violencia política de género.
Ello se evidencia en la utilización constante de estereotipos de género en su contra; la patologización mediática de su figura pública y la “invisibilización institucional del intento de magnicidio ocurrido en 2022”.
