En tanto, el 21,3% destinó el dinero a cubrir tarifas y servicios públicos, mientras que apenas el 11,8% lo empleó para adquirir bienes durables. Los resultados muestran cómo el financiamiento se convirtió, para numerosos hogares, en una herramienta para compensar la insuficiencia de sus ingresos.
Las diferencias según el nivel socioeconómico también son significativas. En la clase baja, el 59,6% agota sus recursos antes del día 15 y el 83,3% se queda sin fondos antes del día 20. En ese mismo sector, el 68,1% se endeudó en los últimos seis meses, el 65,5% de quienes lo hicieron utilizó el dinero para necesidades básicas y solo el 0,9% tiene capacidad de ahorro.
En la clase media, el 51,4% no logra sostener sus ingresos hasta el cierre del mes y el 47,1% recurrió al endeudamiento. Dentro de este grupo, el 45,6% destinó el dinero a gastos esenciales, mientras que el 29% lo utilizó para pagar tarifas y servicios, la proporción más alta entre los segmentos analizados.
La realidad es diferente en los sectores de mayores ingresos. En la clase alta, el 20% se queda sin dinero antes de terminar el mes y el 61,9% logra ahorrar. Aunque el 36,5% recurrió al crédito, el 63,4% de quienes se endeudaron lo hizo para comprar bienes durables, una finalidad que contrasta con las necesidades que impulsan el endeudamiento en los sectores más vulnerables.
Un círculo difícil de romper
El deterioro de los ingresos y la necesidad de financiar gastos básicos plantean un problema que puede extenderse más allá de un mes. Desde Zentrix advirtieron sobre las consecuencias de utilizar los recursos del período siguiente para cancelar compromisos anteriores. Al respecto, señalaron que “el ciclo se retroalimenta y la morosidad deja de ser un episodio para convertirse en un riesgo estructural de los hogares que usan la deuda como puente”.
La percepción de que los salarios no alcanzan también permanece prácticamente sin cambios. Desde marzo, el porcentaje de personas que considera que sus ingresos evolucionan por debajo de la inflación no descendió del 81%, con un máximo del 87,4% registrado en julio.
Frente a este escenario, el rol del Estado aparece como uno de los principales puntos de debate. El 67% de los encuestados considera que debe intervenir ante el crecimiento del endeudamiento y los problemas para cumplir con los pagos. De ese total, el 36,1% entiende que se trata de una problemática social que requiere atención pública, mientras que el 30,9% sostiene que la intervención estatal es necesaria incluso cuando las deudas se originan en acuerdos entre privados.
En cuanto a las posibles medidas, la mayoría se inclina por establecer reglas más estrictas para el acceso al financiamiento. El 61,3% de los consultados prefiere que se regulen las condiciones de otorgamiento de los créditos, mientras que el 23,6% propone refinanciar las deudas mediante el Banco Central. Por su parte, apenas el 7,5% respalda la condonación de obligaciones por ley.
Los resultados del relevamiento exponen una dificultad que atraviesa a distintos sectores sociales, aunque con consecuencias desiguales: cada vez más personas necesitan recurrir al crédito para sostener sus gastos cotidianos, mientras se reduce la posibilidad de ahorrar y aumenta el riesgo de que las deudas acumuladas comprometan los ingresos de los meses siguientes.
