El gobierno de Javier Milei anunció este viernes que la Cancillería iniciará procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas por actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.
La administración nacional investigará y, en caso de corroborarse, sancionará la violación de las prohibiciones establecidas por el artículo 2° de la Ley N° 26.659, al entender que se estarían desarrollando actividades vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en el archipiélago argentino.
“Se iniciará el procedimiento sancionatorio no sólo contra empresas que se encontrarían llevando adelante ilegítimamente actividades hidrocarburíferas en nuestra plataforma continental, sino también contra accionistas suyos y empresas que le han estado prestando servicios para que puedan llevar adelante su actividad”, indicaron desde la Oficina de Prensa.
Y agregaron: “Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos. Por historia y por derecho. No hay discusión. Lo son y seguirán siendo sin importar quien las ocupe. Pero recientemente, la ocupación ha profundizado severamente su accionar, avanzando en la extracción de nuestros recursos naturales”.
Las empresas que podrían ser sancionadas
El Gobierno ordenó las siguientes empresas bajo el marco de “licenciatarias ilegítimas”:
- Navitas Petroleum Development and Production Limited (Reino Unido)
- Navitas Petroleum Atlantic Limited (Reino Unido)
- Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited (Reino Unido)
- Rockhopper Exploration (Oil) Limited (Reino Unido)
- JHI Associates Inc. (Canadá)
- JHI Falklands Inc. (Canadá)
- Borders & Southern Falkland Islands Limited (Reino Unido).
Por otra parte, también incluyó a los accionistas de Navitas:
- Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd (Israel)
- Migdal Insurance and Financial Holdings Ltd (Israel)
- The Phoenix Holdings Ltd (Israel)
- Phoenix Financial Ltd (Israel)
- The Phoenix Investments House Ltd (Israel)
- Meitav Investment House Ltd (Israel)
Lo mismo hizo con quienes tienen acciones de Rockhopper:
- Noked Capital Ltd (Israel)
- Aedos Advisers (London) LLP (Reino Unido)
- Exodus Management Israel Ltd (Israel)
- Ion Fund Management Ltd (Israel)
Las investigaciones también comprenderán a los accionistas de Borders & Southern:
- Zila Corporation (Islas Vírgenes Británicas)
- Interactive Investor Limited (Reino Unido)
- Hargreaves Lansdown Asset Management Limited (Reino Unido)
- Halifax Share Dealing Clients (Reino Unido)
Lo propio ocurrirá con Eco (Atlantic) Oil & Gas y sus accionistas:
- Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd (Canadá)
- CIBC Asset Management (Canadá)
- Canaccord Genuity Limited (Reino Unido)
- Avanza Bank Holding AB (Suecia)
- Coronation Fund (Sudáfrica)
- Westmount Energy Limited (Jersey, islas del Canal)
Por último, la investigación y posible sanción incorporará a proveedores, asesores y compañías vinculadas a infraestructura:
- Noble Corporation (Reino Unido), que figura como proveedor estratégico de infraestructura.
- AP Moller Holding A/S (Dinamarca). Accionista de Noble Corporation y Seatrium
- First Eagle Investment Management LLC (Estados Unidos) Accionista de Noble Corporation y Seatrium Limited
- Vanguard Portfolio Management LLC (Estados Unidos). Accionista de Noble Corporation y Seatrium Limited
- Dimensional Fund Advisors LP (Estados Unidos). Accionista de Noble Corporation, Seatrium Limited y Bristow Group Inc
- Netherland, Sewell & Associates, Inc. (NSAI) (Estados Unidos). Constata como analista y asesora corporativa.
- Fugro NV (Países Bajos). Figura como proveedora de servicios.
El proyecto que reavivó el reclamo
El anuncio se conoció horas después de que el presidente Milei diera un mensaje por cadena nacional en el que ratificó el reclamo de soberanía argentino y cuestionó de manera directa el avance del proyecto Sea Lion, un yacimiento offshore ubicado en la Cuenca Malvinas Norte que, de completarse según lo previsto, sería el primero en producir crudo en aguas próximas al archipiélago. La iniciativa es conducida en forma conjunta por la israelí Navitas Petroleum, que controla el 65% del negocio, y la británica Rockhopper Exploration, titular del 35% restante.
El campo, descubierto en 2010, se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las islas Malvinas y a 450 metros de profundidad en el lecho marino. A fines de 2025, ambas compañías tomaron la decisión final de inversión para su primera etapa, un paso que en la industria petrolera implica que las evaluaciones técnicas, económicas y financieras ya se completaron y que el proyecto se considera viable. Según datos de Navitas, al 31 de julio pasado el yacimiento contaba con reservas probadas y probables por 314 millones de barriles, con una producción proyectada de 50.000 barriles diarios y el primer petróleo previsto para marzo de 2028. El plan completo contempla más de 60 pozos submarinos distribuidos en dos áreas de desarrollo.
La Cancillería argentina había rechazado en diciembre de 2025 la decisión de inversión de ambas empresas, a las que calificó de licenciatarias ilegítimas por operar sin los permisos de la autoridad competente nacional. El organismo sostuvo entonces que toda exploración o explotación unilateral de recursos en un área alcanzada por la disputa de soberanía resulta contraria a las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y extendió ese rechazo a las concesiones, la contratación de proveedores y todo acto conexo al avance del proyecto hacia su etapa productiva. El antecedente sancionatorio ya existía: Rockhopper Exploration fue declarada clandestina e inhabilitada para operar en la Argentina durante 20 años mediante la Resolución 133/2012 de la Secretaría de Energía, mientras que Navitas Petroleum recibió una sanción equivalente a través de la Resolución 240/2022.
El marco legal y un proyecto de ley
Milei explicó que la Cancillería había enviado cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países vinculados a distintos proyectos en las islas, y anticipó la firma de un decreto reglamentario para dar mayor celeridad a los procedimientos que impone la Ley 26.659. La norma instruye a los organismos del Estado que tomen conocimiento de incumplimientos legales a remitir esa información a la Cancillería para que pueda impulsar las sanciones, ordena un procedimiento con mayor coordinación entre reparticiones y suma declaraciones juradas en los trámites hidrocarburíferos y en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, con el objetivo de evitar autorizaciones a quienes exploten recursos en la plataforma continental argentina sin reconocer la soberanía del país.
El Presidente adelantó además el envío al Congreso del Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que modificará la Ley 26.659 para endurecer sus sanciones y ampliar su alcance a las empresas que presten servicios a quienes realicen explotaciones hidrocarburíferas en el área. La iniciativa prevé también la creación de un Consejo de Seguridad Nacional destinado a coordinar de forma transversal la política de seguridad del país, un régimen de protección de infraestructuras críticas y un marco de protección aeroespacial y marítima.
Una base naval en Tierra del Fuego
Entre las medidas anunciadas, Milei incluyó la ampliación de los recursos del Ministerio de Defensa para avanzar en la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego, que según el mandatario permitirá convertir a la Argentina en un polo logístico del Atlántico Sur y fortalecer sus capacidades en telecomunicaciones. El anuncio se dio en un discurso en el que el Presidente insistió en que la cuestión Malvinas trasciende las diferencias partidarias y remarcó la necesidad de una acción coordinada entre las carteras de Defensa, Seguridad, Inteligencia, Cancillería y Economía.
El tema había vuelto a instalarse en la agenda pública el 31 de agosto, cuando el presidente estadounidense Donald Trump fue consultado sobre una eventual revisión de la postura de neutralidad de su país en la disputa entre la Argentina y el Reino Unido, y respondió que evaluaba todas las posiciones.
La reacción del Reino Unido
El Gobierno británico respondió horas más tarde al mensaje presidencial. Un portavoz de Downing Street señaló que las fuerzas armadas del Reino Unido “permanecen en alerta permanente para proteger sus intereses”, y remarcó que las islas seguirán siendo británicas mientras esa sea la voluntad de sus habitantes. El primero en pronunciarse había sido el ministro de Defensa británico, Wes Streeting, quien sostuvo en la red social X que las declaraciones de Milei reflejaban más una cuestión de política interna argentina que un cambio en la situación de las islas. El canciller británico, Ed Miliband, coincidió en que el archipiélago seguirá bajo administración británica por la voluntad de sus habitantes.
Desde Londres se remarcó, además, que la autodeterminación de los isleños incluye el derecho a explotar sus recursos naturales, en una referencia directa al proyecto que impulsan Navitas y Rockhopper. La disputa de soberanía sobre las islas está reconocida desde 1965 por una resolución de las Naciones Unidas que insta a ambos países a resolverla por la vía diplomática y a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación del territorio mientras continúe el proceso de negociación.