El presidente Javier Milei firmó un decreto para transformar el Yacimiento Carbonífero Río Turbio en una Sociedad Anónima, según anunció este domingo el vocero presidencial, Manuel Adorni.
Se trata de uno de los frentes que el Gobierno nacional mantuvo con los gobernadores patagónicos durante el debate de la Ley Bases: los mandatarios provinciales habían rechazado de plano la incorporación de capitales privados, algo que el Gobierno ahora parece no tener en cuenta.
La medida anunciada este domingo surge apenas unos días después de que Milei firmara otro decreto para transformar al Banco Nación en una Sociedad Anónima, otro de los puntos que habían sido rechazados en la Ley Bases durante su tratamiento. Estos movimientos los realiza el Presidente en pleno escándalo cripto.
La oposición apunta a bloquear el decreto que transforma al Banco Nación en una sociedad anónima
A partir de la publicación del decreto que transforma al Banco Nación en una Sociedad Anónima, la oposición comenzó a actuar y buscar frenar esta medida desde el Congreso.
“Vamos a impulsar que las acciones del Banco Nación, que ha sido transformado en sociedad anónima, queden en poder del Estado. Y vamos a impulsar la derogación de este decreto que no tiene ningún anclaje en la realidad ni en la necesidad de una Argentina productiva que hoy más que nunca necesita crecer y generar empleo”, anunció el diputado del socialismo, Esteban Paulón.
El diputado por Santa Fe es uno de los que sostiene que la decisión del gobierno de Javier Milei representa el primer paso hacia la privatización de la entidad. La misma postura es mantenida por el bloque de Unión por la Patria. De hecho, los diputados de extracción sindical de La Bancaria, Carlos Cisneros y Sergio Palazzo, presentaron un proyecto de ley para su derogación.
El argumento del secretario General de La Bancaria coincide con el del diputado socialista. “Siempre han dicho que intentarán avanzar en la privatización del banco, y esto es un paso previo”, advirtió Palazzo en declaraciones radiales. Además, en el proyecto impulsado por los dirigentes gremiales de UP, se destaca que el decreto de la Casa Rosada “contraría el fin social establecido por la Carta Orgánica y debilita el rol de la entidad como orientadora del crédito y dinamizadora de la economía en defensa de las pymes y los hogares argentinos”.
A la movida también se sumarán los cinco diputados de la Izquierda, que han preparado un texto en marcha para derogar el decreto.