El Gobierno apelará el fallo que ratificó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario

En paralelo, el Gobierno evalúa cumplir con la resolución judicial mediante transferencias mensuales, con el objetivo de evitar que el impacto fiscal quede incorporado de forma plena en el presupuesto anual. La estrategia apunta a dosificar el gasto, en línea con la postura que el Ejecutivo mantiene desde la sanción de la ley.

El eje del conflicto se centra en los artículos que obligan al Estado a actualizar los salarios universitarios según la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y la aprobación de la norma, además de recomponer becas y asegurar fondos para investigación.

En tanto, desde la administración libertaria advierten que la aplicación plena de estas medidas implica un costo fiscal significativo. Esa postura ya había quedado reflejada al momento de la promulgación de la ley, cuando el Poder Ejecutivo dictó en paralelo un decreto para limitar su ejecución hasta definir las fuentes de financiamiento, una decisión que ahora fue cuestionada por la Justicia.

A mediano plazo, el Gobierno también prevé impulsar cambios en el Congreso y, si bien no busca derogar la ley vigente, apunta a reemplazar el esquema de actualización automática por otro más acotado. En la Casa Rosada señalan que trabajan en una alternativa que permita compatibilizar la normativa con los objetivos fiscales.

Como antecedente, en el oficialismo mencionan el caso de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue reglamentada por decreto tras una serie de tensiones judiciales y administrativas. En ese marco, no descartan avanzar con una estrategia similar para el financiamiento universitario.