La administración libertaria destacó que, según un relevamiento, Argentina «es el país con la indumentaria más cara en la región». La medida busca fomentar la competencia, apuntalar el descenso de la inflación y reducir los precios.
También señaló que el decreto «rectifica una suba de aranceles del MERCOSUR del año 2007, en la que se estableció un arancel más elevado sujeto a los resultados de estudios posteriores que nunca se realizaron», medida que «sigue vigente» y genera «un impacto directo en el precio de la ropa».
Esto se suma a las medidas tomadas por la Secretaría de Industria y Comercio durante 2024 que eliminaron el control aduanero del etiquetado de los productos textiles y de calzado que ingresan al país, el estampillado de la mercadería, la obligatoriedad de pasar por el canal rojo normativo, la Declaración Jurada de Composición de Producto (DJCP) y las licencias de importación.