El Consejo de Ministros de España aprobó este martes dos reales decretos que modifican el marco legal para garantizar el acceso a la vivienda, un tema que se convirtió en polémica días atrás por el caso de Maricarmen, la anciana de 87 años con discapacidad que fue desalojada del departamento que alquilaba hacía siete décadas en Madrid.
El primero de los reales decretos contempla una «protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030», según fuentes oficiales citadas por el medio español Ok Diario, y además prevé la «regulación de alquiler de temporada y habitaciones», un tema candente en ciudades como Barcelona, Madrid y los miles de destinos en el sur de España que se ven superados por el turismo cada año.
El texto del decreto también incluye una «prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028».
El antecedente de Maricarmen
Luego está el segundo real decreto que Pedro Sánchez presentó ante el Consejo de Ministros, que contempla «un acuerdo para la renovación automática de los alquileres», lo que se traduce en la posibilidad de que la próxima Maricarmen no se encuentre en la penosa tarea de recurrir a la justicia para lograr que no le aumenten un 100% el alquiler ni intenten desalojarla de un día para el otro.
El siguiente paso es que los reales decretos pasen al Congreso de los Diputados para su aprobación, pero medios de España dieron cuenta de la pulseada política que podría producirse entre Pedro Sánchez y los partidos conservadores como el catalán Junts o el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que le son necesarios para mantener el control en el Palacio de la Moncloa.
De hecho, el acuerdo fue difícil de alcanzar entre los ministros, que son del PSOE y de Sumar, pero finalmente los decretos salieron con las firmas necesarias mientras siguen las manifestaciones que llegaron hasta Puerta del Sol.
A propósito del tema el diputado Gabriel Rufián, vocero del Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), anticipó que uno de los reales decretos es «para aprobar» en las Cortes mientras que el otro está ideado para que «lo tumbe Junts» y «frustrar» a la izquierda.
En declaraciones reproducidas por el sitio español Tribuna de Burgos, Rufián señaló que algunos legisladores de Junt tienen negocios inmobiliarios y rechazarán al menos uno de los decretos, y acusó al PSOE de estar «arrastrando los pies» mientras avanza una «derecha salvaje que está al servicio de lo peor de una sociedad de acumuladores».