El Senado insiste con la conformación del observatorio del Organismo de Investigaciones

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En 2014, la creación del Observatorio Parlamentario fue una de las condiciones que impuso el Senado para sancionar la ley orgánica del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de Acusación. Durante el 2020 la misma cámara intentó conformarlo solo logrando la media sanción. Este jueves los senadores aprobaron nuevamente el proyecto.

Foto sacada del archivo de Airedigital

Un anhelo de la Legislatura santafesina que lleva casi ocho años, principalmente del Senado, es conformar el Observatorio Parlamentario del Organismo de Investigaciones (OI) perteneciente al Ministerio Público de Acusación (MPA). La ley orgánica del mismo (13.459) fue sancionada en período extraordinario y a fines 2014, luego de extensos y muy discutidos debates, para ser promulgada en enero del 2015. La aprobación final se dio en la segunda revisión (pase del Senado a Diputados), en donde uno de los condicionantes puestos por la cámara alta fue la creación del Observatorio con el objetivo de realizar un seguimiento y fiscalización del desempeño del organismo técnico.

En la sesión de este jueves 28 de julio el Senado aprobó, como lo hizo a fines del 2020, el proyecto de Rubén Pirola (bloque Juan Domingo Perón), que establece la conformación del Observatorio Parlamentario del OI. Al igual que en aquel entonces, serán tres senadores y tres diputados quienes lo integrarán, contemplando la posibilidad de «invitar a referentes académicos, representantes de organizaciones sociales, representantes del gremio judicial y organismos públicos interesados en el seguimiento del desempeño del Organismo de Investigaciones, a los efectos de promover la interdisciplinariedad y la participación social.», expresa su artículo 23.

Más allá del observatorio, es importante aclarar que, en materia de control de fondos y presupuestos, el artículo 27 de la ley orgánica del OI establece que la supervisión y control de los Gastos Reservados del organismo está a cargo de la Comisión Legislativa de Control y Revisora de Cuentas, creada por el artículo 245 de la ley 12.510. El resto de los fondos está detallado en el presupuesto provincial en los recursos que se destinan al Ministerio Público de la Acusación, por lo que al menos en materia financiera no sería necesaria la creación de un órgano extra (observatorio).

Competencia del Organismo de Investigaciones

El Organismo tiene competencia en la investigación de los delitos en los que, “a prima facie”, existen elementos de convicción que hagan suponer la participación de un grupo delictivo organizado. También abarca los delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad policiales y penitenciarias, en el desempeño, con motivo, o en ocasión de sus funciones. Contempla además los delitos con intervención de un funcionario público y los delitos en los que debido a las características de la comisión del hecho o su repercusión social, o gravedad institucional, o complejidad de la investigación, el Ministerio Público Fiscal disponga la intervención.

También modificarán el régimen disciplinario de los fiscales

En otro proyecto, también autoría del senador Rubén Pirola, se modifica uno de los incisos que establece cuáles son las faltas consideradas graves que puede cometer un fiscal. Las mismas están detalladas en el artículo 52 de la ley orgánica del Ministerio Público de la Acusación (13.013).

En esta ocasión, el proyecto aprobado del senador por el departamento las colonias modifica expresamente el inciso 7 del artículo que establece que un fiscal será sancionado con falta grave si «incumple las disposiciones legales que promueven, protegen y garantizan los derechos de las víctimas, no hacerlos respetar ni permitir su ejercicio efectivo; y en particular, no informar o negarse a informar injustificadamente a la víctima cuando ésta lo requiera.»

En los fundamentos, Pirola expresa que el proyecto propone ampliar la tipificación de la falta grave sin limitarla sólo al deber de información en relación con la víctima, sino considerando también la falta del Fiscal que «no observe o incumpla las disposiciones legales para promover, hacer respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas».

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