Como ya se informó, la Argentina concluyó este miércoles la ronda de alegatos ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, reclamando el dictado de medidas provisionales urgentes para frenar el avance del proyecto británico Sea Lion en aguas de las Islas Malvinas.
Luego de escuchar a la parte argentina como a los representantes del Reino Unido, el TIDM le puso fecha para hacer pública su resolución respecto a las medidas provisionales reclamadas por nuestro país.
Ellas son: impedir nuevas perforaciones e instalaciones vinculadas a Sea Lion, evitar el uso perjudicial de la información obtenida mediante la exploración, permitir que la Argentina cumpla con sus obligaciones internacionales de protección del medio marino y prevenir nuevas acciones unilaterales que agraven la controversia.
Fue el camerunés Maurice Kamga, presidente del organismo multinacional, quien al cierre de la segunda y última jornada de audiencias informó la fecha para hacer pública la resolución: el sábado 28 de noviembre próximo, teniendo así 17 para que los jueces deliberen.
Los alegatos argentinos y la trampa del Reino Unido
En la segunda jornada de audiencias, la ponencia argentina fue abierta por el experto Marcelo Kohen, quien cuestionó severamente al Reino Unido por pretender ejercer derechos sobre la plataforma continental ignorando que la disputa de soberanía sigue abierta.
Argumentó además que el Tribunal del Mar posee competencia prima facie; es decir, que tiene la facultad de intervenir para proteger los derechos argentinos sin necesidad de emitir un fallo sobre la cuestión de fondo de la soberanía.
A su turno, el especialista Nico Schrijver encendió las alarmas sobre el riesgo ambiental y patrimonial, al detallar que el proyecto británico dejó de ser exploratorio para convertirse en un programa de explotación permanente, proyectando 26 pozos y una producción estimada en 310,5 millones de barriles de crudo.
Schrijver fue categórico al advertir que, una vez iniciado el primer pozo, los recursos no podrán preservarse: “Solo este Tribunal puede actuar a tiempo para impedirlo. Es ahora o nunca”, sentenció ante los jueces.
El cierre de los alegatos estuvo a cargo de Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería, quien rechazó tajantemente la estrategia del Reino Unido de desviar el eje del debate, pretendiendo que el caso es un mero conflicto de soberanía territorial para que el Tribunal se declare incompetente y rechace el reclamo.