Luiz Inácio Lula da Silva encabezó este viernes una caravana de campaña en Río de Janeiro, a dos días de las elecciones presidenciales que lo tienen como principal candidato en busca de un nuevo periodo al frente del gobierno de Brasil.
Pero esta multitudinaria actividad de campaña tuvo una particularidad especial para nuestro país, ya que el actual mandatario mostró una remera negra con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”, de idénticas características a la exhibida por los jugadores de la Selección tras la victoria ante Inglaterra por el pasado Mundial.
Al contrario que países como los Estados Unidos, con Donald Trump como aliado estratégico de Javier Milei, Brasil mantiene oficialmente una posición diplomática histórica y consecuente con relación a la soberanía sobre el archipiélago, ya que siempre respaldó y continúa respaldando el reclamo argentino, independientemente del color político que gobierne la Argentina.
Injerencia de los Estados Unidos en Brasil
En tanto, Estados Unidos suspendió este viernes el funcionamiento de su consulado en Brasilia argumentando «motivos de seguridad», en medio de quejas del gobierno de Lula por supuesta “injerencia” de Washington en el proceso eleccionario local.
En concreto, la Abogacía General de la Unión (AGU) de Brasil solicitó a la Policía Federal (PF) y al Ministerio Público Federal (MPF) investigar el posible uso de recursos del gobierno estadounidense para financiar organizaciones brasileñas que intervienen en la campaña.
La solicitud fue presentada por el abogado general de la Unión, Jorge Messias, al director general de la PF, Andrei Rodrigues, y al fiscal general de la República, Paulo Gonet, pidiendo identificar a los responsables de la eventual operación y a los destinatarios de los recursos en Brasil, así como determinar si el dinero fue utilizado para influir en el debate político e institucional del país.
La iniciativa se basa en una investigación publicada por el diario británico The Guardian, según la cual el gobierno estadounidense destinó US$1 millón (unos 5,2 millones de reales) al proyecto “Combatting Lawfare and Censorship in Brazil”, destinado a respaldar a organizaciones de la sociedad civil que cuestionan lo que sus promotores califican como “exceso judicial” y “censura” por parte del STF.
Los recursos procederían del Fondo de Derechos Humanos y Democracia del Departamento de Estado estadounidense que, según documentos oficiales citados en la investigación, habrían financiado decenas de proyectos en el mismo sentido.
Para la AGU, la eventual utilización de recursos extranjeros para financiar iniciativas dirigidas contra instituciones brasileñas requiere una investigación para determinar si se produjo alguna interferencia externa en asuntos internos del país.