La acusación describe que varios internos quedaron apilados unos sobre otros, sin posibilidades de defenderse. En ese contexto, habrían recibido golpes, disparos a corta distancia y gas pimienta. Uno de los episodios más graves ocurrió en la celda 10, donde nueve detenidos se refugiaron para escapar de la agresión.
Los penitenciarios les arrojaron gas pimienta por la mirilla de la puerta y también desde una ventana que daba al patio.
El expediente describe que los presos comenzaron a gritar y pedir que dejaran de arrojarles gas porque no podían respirar. Incluso señala que uno de ellos, desesperado, llegó a introducir la cabeza en el inodoro para intentar aliviar la sensación de ahogo.
El Cuerpo Médico Forense constató lesiones en quince internos, entre ellas fracturas, heridas cortantes, hematomas y traumatismos. Sin embargo, los médicos de guardia que intervinieron en el procedimiento habrían omitido realizar exámenes físicos adecuados y consignaron en sus informes que varios detenidos no presentaban lesiones visibles.
Un infierno: cuatro días sin comida y en condiciones degradantes
La investigación también puso el foco en lo ocurrido después de la requisa. Entre el 10 y el 13 de junio se implementó un régimen de «sectorización» que, de acuerdo con la acusación, funcionó como una sanción colectiva para todos los internos del pabellón.
Los detenidos permanecieron encerrados en sus celdas, con salidas restringidas y sin recibir regularmente las cuatro raciones diarias de comida. Las bandejas eran dejadas en el piso del pabellón, fuera del alcance de quienes estaban encerrados. El fallo describe que algunos presos veían cómo las ratas comían los alimentos que no podían alcanzar.
A eso se sumó la falta de iluminación artificial, la ausencia de limpieza, los sanitarios tapados y las duchas fuera de servicio.
La situación recién se modificó el 13 de junio, cuando llegó una comitiva del Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias. Sus integrantes constataron personalmente el estado de los detenidos, que reclamaban comida y agua.
Quiénes serán juzgados y por qué delitos
La elevación a juicio comprende a los distintos responsables que, según la acusación, intervinieron en los episodios:
- Torturas, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos: integrantes del Comité de Seguridad de la Unidad Residencial III y el director de esa unidad, por su intervención en el régimen de sectorización.
- Omisión de evitar torturas: Pedro Avelino Insaurralde, quien era la máxima autoridad del Complejo Penitenciario Federal I.
- Falsedad ideológica y omisión de denunciar torturas: los médicos Martín Perisset y Fernando Guillermo Troisi, por los informes médicos cuestionados y por no denunciar los hechos.
Falsificación de documentos públicos: cuatro agentes vinculados con la confección de las actas que dieron inicio al procedimiento.
Por qué el juez rechazó los planteos de las defensas
Para rechazar las oposiciones, el juez Rodríguez Ponte tuvo en cuenta que los argumentos de los abogados ya habían sido analizados por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que el 18 de julio de 2025 confirmó la mayor parte de los procesamientos.
El magistrado sostuvo que las defensas no habían aportado elementos novedosos con entidad suficiente para modificar aquella decisión y remarcó que la investigación no se apoyaba únicamente en los testimonios de las víctimas.
En uno de los pasajes de la resolución señaló que «el marco probatorio reunido resulta sustancialmente más amplio que los testimonios de las víctimas de autos». Y agregó que no advertía «que las defensas hayan aportado elementos novedosos con la entidad probatoria suficiente» para conmover las decisiones anteriores.
Por eso consideró que correspondía avanzar hacia el debate oral y público, instancia en la que se deberá determinar la responsabilidad penal de cada uno de los acusados.
Por otra parte, el juez sobreseyó a Ariel Nicolás Martínez y Matías Alejandro Acosta, integrantes del Grupo Operativo Anti Siniestros (GOAS). La acusación y la Cámara habían considerado que su intervención se limitó a extinguir el incendio y ventilar los ambientes, sin pruebas de que hubieran participado de las agresiones contra los internos.
Finalmente, el magistrado también dispuso la inhibición general de bienes de los imputados.
La causa será sorteada para su intervención ante un Tribunal Oral Federal de La Plata.
