El pasado 23 de septiembre se ejecutó finalmente la orden de lanzamiento judicial. Cientos de manifestantes intentaron bloquear pacíficamente el portal del edificio para impedir el desahucio, generando momentos de alta tensión con el despliegue policial de la Policía Nacional.
La anciana abandonó su hogar entre lágrimas, una imagen que rápidamente recorrió las portadas de los principales medios y las redes sociales de todo el país.
Impacto social y réplicas políticas
El caso de Maricarmen catalizó la indignación contenida por la escalada constante en los precios de los alquileres en las grandes ciudades españolas. Su desalojo motivó movilizaciones masivas organizadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y colectivos de inquilinos en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla.
A raíz de esto, el impacto social colocó a la Ley de Vivienda y a las políticas urbanísticas en el centro prioritario de la agenda gubernamental, reabriendo debates legislativos para frenar los desahucios a personas en condición de vulnerabilidad estricta.
Pocos días después de ser desalojada, el estado de salud de Maricarmen sufrió un severo deterioro que requirió su hospitalización de urgencia. Voceros de las plataformas sociales no tardaron en señalar las secuelas emocionales y el estrés del desalojo forzoso como factores determinantes en el agravamiento de su condición.
Colectivos por el derecho a la vivienda han convocado a vigilias y concentraciones en distintos puntos de Madrid en homenaje a Maricarmen, exigiendo el fin definitivo de los desahucios a personas de la tercera edad y un control efectivo sobre la especulación inmobiliaria.
