El escándalo por la muerte de casi un centenar de personas debido a la ingesta de fentanilo adulterado sumó un nuevo capítulo con las declaraciones de Ariel García Furfaro, propietario de la farmacéutica HLB Pharma. El empresario afirmó que el hecho no fue un accidente ni un error de producción, sino el resultado de un sabotaje deliberado.
En una entrevista radial, sostuvo que los estudios realizados a las ampollas demostraron que algunas se encontraban en perfecto estado mientras que otras estaban contaminadas, lo que, según él, indicaría una manipulación posterior a la salida del laboratorio.
El principal apuntado por el dueño de la compañía es Andrés Quintero, ex CEO de HLB Pharma, a quien vinculó con un infectólogo y con personas ligadas a servicios de inteligencia capaces de orquestar una operación de este tipo.
Además, cuestionó duramente el accionar de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), asegurando que si el problema se hubiera detectado antes, el retiro del producto del mercado habría sido inmediato y se habrían evitado las muertes. “Quiero que se sepa la verdad. Desde el primer día este caso se manejó con una intensidad y una presión que no he visto nunca en mi vida”, sentenció.
La tragedia ha generado una fuerte conmoción en la sociedad y encendió las alarmas sobre los controles en la producción y distribución de medicamentos en el país. Mientras la investigación judicial sigue en curso, crecen las sospechas sobre el origen real de la contaminación y sobre si existieron motivaciones económicas o políticas detrás del hecho.
Las familias de las víctimas exigen respuestas rápidas y justicia, mientras organizaciones sanitarias y profesionales de la salud piden una revisión profunda del sistema de control de medicamentos. El caso, además de su impacto humano, podría convertirse en uno de los mayores escándalos de la industria farmacéutica argentina en las últimas décadas, con ramificaciones que aún están lejos de esclarecerse.