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Fentanilo contaminado: presentaron un proyecto en Diputados para reparar a víctimas sobrevivientes y familiares

El diputado nacional por Unión por la Patria Eduardo Valdés presentó un proyecto que busca reparar a las víctimas sobrevivientes y a los familiares de fallecidos por la distribución de fentanilo contaminado, que dejó un saldo de alrededor de 100 muertos.

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Según lo planteado en la iniciativa, la reparación «integral e igualitaria» sería por un monto equivalente a tres salarios mínimos vitales y móviles. Además del respaldo económico, también propone ofrecer «prestaciones de salud, asistencia social, reinserción educativa e inserción laboral».
A su vez, el proyecto también prevé una pensión vitalicia para hijos y cónyuges de las personas fallecidas, y beneficios para los sobrevivientes que hayan sufrido incapacidades a raíz de la intoxicación.
El texto aclara además que la subvención no es incompatible, ni se tendrá en cuenta, en el cobro de futuras indemnizaciones a ser percibidas por vía judicial o extrajudicial.

Eduardo Valdés remarcó que la ley busca dar «reparación y justicia social a quienes quedaron desamparados”

“El Estado tiene la obligación de asumir un compromiso social ante esta tragedia, brindando una respuesta integral a los familiares de las víctimas y a quienes sobrevivieron”, sostuvo Valdés, autor del proyecto que también lleva la firma de otros diputados de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda.

El diputado opositor explicó que “la inoperancia estatal y la negligencia privada dejaron una herida abierta en la sociedad argentina«. De esta manera, enfatizó la necesidad de encarar esta ley que ofrece «reparación y justicia social a quienes quedaron desamparados”.La norma, que crea el «Programa de Reparación Integral a Familiares de Víctimas Fatales y Víctimas Sobrevivientes del Fentanilo Contaminado o Adulterado» encomienda al Ministerio de Capital Humano la implementación del programa y la coordinación con las provincias afectadas.

Además, crea un Consejo de Control y Seguimiento integrado por familiares de víctimasONG y organismos públicos, con el fin de garantizar la transparencia y efectividad en la aplicación de la ley.

“Muchas familias perdieron no solo a sus seres queridos, sino también su sustento económico. No podemos permitir que, además del dolor, carguen con el abandono del Estado”, concluyó Valdés.

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