Con intervención del MPA, la Secretaría de Control de la Municipalidad desactivó un evento el fin de semana mientras se desarrollaba. Había más de 200 chicos menores de 18 años. Pospandemia, la situación se agravó.
Mientras en el ámbito legislativo municipal se debate una ordenanza que organiza la actividad nocturna en la ciudad, proliferan las fiestas para adolescentes de entre 13 y 17 años, con el incentivo y promoción de «Canilla libre»: expendio, sin límites, de bebidas alcohólicas para menores facilitado por adultos. Los hechos configuran delitos penales que establecen penas de prisión, inhabilitación de establecimientos y multas pecuniarias (Ley 24.788).
La investigación periodística de El Litoral y FM Sol 91.5 (*) se inició en agosto de este año. El sábado 13 de ese mes se realizó en los salones de «Monumental VIP» –San Luis 2880 de la ciudad de Santa Fe-, una fiesta para adolescentes, con el incentivo y promoción de «Canilla libre» que terminó con imágenes dantescas en la puerta y los baños del salón.
La denuncia periodística derivó en la suspensión de los «canilla libre» para menores, programadas por parte de un conjunto de salones que promovían estas propuestas. No obstante, la siguiente fiesta, «Blood», siguió recibiendo las transferencias y mudó la dirección a un salón en la zona de la costa. Misma propuesta, mismo método de recaudación.
Seducidos por los montos recaudados –entre 2 y 3 millones de pesos por noche- y concurrencia de más de 400 pibes en espacios ampliamente sobrepasados y camuflados como «festejo de cumpleaños», los padres decidieron continuar la saga y promovieron otro «canilla libre», en apariencia organizado por estudiantes de un colegio privado del norte de la ciudad.
La fiesta «Flow», se realizaría el sábado 8 de octubre en los salones de «Canillitas» en Colastiné Norte. La intervención de la fiscal del MPA, Dra. Laura Marti, y la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana de la Municipalidad, lograron desactivar el evento.
Padres detrás
La fiesta, con adolescentes como supuestos organizadores, debía ser pagada mediante transferencia bancaria. La cuenta asociada refiere a un CVU (Clave Virtual Única) perteneciente al titular de una billetera de la empresa «UALA». Esta app permite la entrega de tarjetas a menores –mayores de 13 años- con autorización expresa de sus padres. Para realizar la adjudicación al menor, de esa cuenta, se requiere generar un CUIT, requisito excluyente por la empresa de pagos. Para este trámite, en la AFIP, se debe presentar el DNI del menor y CUIL o CUIT del padre/madre biológica o padres adoptivos, según corresponda.
Las entradas, en cuestión, oscilan entre el precio inicial de $ 1.800 y el del propio día de la fiesta: $ 2.800. La concurrencia estimada, por evento, es de entre 400 y 450 adolescentes.
La investigación periodística pudo comprobar el «modus operandi» de padres adultos que utilizan de «frontis» a sus propios hijos, menores de edad, para realizar una actividad ilegal, cómo lo es una fiesta con expendio de bebidas alcohólicas a menores, encubriendo la responsabilidad penal, fiscal y comercial.
La investigación
Tanto desde la Municipalidad como desde el MPA, se vieron sorprendidos de la proliferación de estas propuestas que no cuentan con habilitación, precisamente, porque son ilegales, con grandes recaudaciones en negro y con un método de movimiento de dinero fácil de detectar, incluso, por las cuentas de menores. Claramente, tienen un movimiento dinerario comercial que no tributa como tal. Es un acto, cuanto menos, temerario por parte de los adultos «responsables».
A partir del trabajo periodístico, hubo un avocamiento de las autoridades de aplicación que tienen, por objetivo, detener la multiplicación de actividades nocturnas al margen de la ley, la salud pública y las ordenanzas, y librar actuaciones para determinar las responsabilidades penales de los adultos que utilizan de «frontis» a sus propios hijos para hacerse de sumas importantes de dinero.
Los registros audiovisuales y la investigación periodística pudieron develar los nombres y apellidos detrás de estas actividades. Más allá de la impugnación moral, estas conductas conllevan una sanción penal, dineraria y administrativa e involucra, como testigos, a padres de concurrentes que serían citados como testigos.
Fuente: El Litoral