El disparador fue una transferencia de 200 mil dólares realizada por Machado a Espert en enero de 2020. Durante años, el economista negó cualquier vínculo comercial con el empresario. Cuando el pago salió a la luz, sostuvo que se trataba de una consultoría para auditar una mina en Guatemala, pese a no contar con antecedentes en ese rubro. La investigación determinó que el contrato era por un millón de dólares y que no existen pruebas de que el trabajo se haya realizado.
Con Machado reconociendo haber lavado dinero, esa transferencia podría ser considerada parte del circuito delictivo. Lejos de disipar sospechas, el acuerdo judicial en Texas refuerza la hipótesis que pesa sobre el exdiputado, quien recientemente intentó sin éxito trasladar una de las causas a los tribunales de Comodoro Py.
En el ecosistema libertario el escándalo Espert – Machado generó una crisis que terminó erosionando la posición del ex diputado y detonó tensiones internas que durante meses se intentaron contener. Machado tampoco es ajeno a esos vínculos. En Argentina fue defendido por Francisco Oneto, abogado de Javier Milei y dirigente de La Libertad Avanza.
En Estados Unidos, en cambio, recurrió a Quinn Emanuel, uno de los estudios jurídicos más poderosos del mundo, conocido por representar a empresarios multimillonarios y figuras como Elon Musk. Formalmente, quien lleva adelante la defensa es el abogado Christopher Clore, especialista en delitos económicos complejos.
La gran incógnita ahora es cuánto habló Machado para conseguir este acuerdo. En los tribunales federales estadounidenses, la reducción de cargos suele ir acompañada de cooperación. Nadie descarta que el empresario haya aportado información sobre mecanismos financieros, nombres de intermediarios o conexiones empresariales y políticas.
Ese punto aparece hoy como una de las mayores preocupaciones para quienes compartieron negocios o vínculos con él durante años.