El doctor en Derecho Público y Economía de Gobierno analizó las contradicciones del máximo tribunal ante los reclamos por la derogación de la ley de tierras. Alertó sobre la inconstitucionalidad de las desregulaciones financieras por decreto, la falta de legitimidad interna de una Corte incompleta y advirtió que el presidente funciona como un instrumento temporal del verdadero poder económico concentrado.
El especialista en derecho constitucional y economía, Javier Ortega, examinó los galimatías jurídicos que utiliza el Palacio de Tribunales para eludir un pronunciamiento sobre el fondo del Decreto de Necesidad y Urgencia emitido por la Casa Rosada. En diálogo con Andrés Battistella de 99 LATERAL TV, DERF.ar y El Municipal, el analista desarmó las maniobras de la judicatura y vinculó el avance del ajuste fiscal con la connivencia explícita del poder político y el establishment.
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«El decreto 70/2023 es una inconstitucionalidad monumental por donde se lo mire»
Al profundizar en las idas y vueltas de los magistrados tras el rechazo a la presentación del Centro de Excombatientes de Malvinas (CECIM) de La Plata, Ortega describió los artilugios técnicos aplicados para esquivar el debate soberano. «La Corte es un cuerpo que siempre se acomoda del lado donde va el poder; primero reculó contra los veteranos de guerra utilizando las excusas habituales de que ‘no hay caso’ o ‘falta legitimación’ para no jugar el partido en la cancha, pero ante la fuerte reacción popular usó una diagonal para otorgar una medida cautelar provisoria amparada en el reclamo ambientalista de los pueblos originarios del sur; habilitan discutir el medio ambiente pero no la soberanía para frenar la presión de las calles, repitiendo chanchadas históricas como cuando aplicaron el beneficio del dos por uno a condenados por delitos de lesa humanidad y debieron dar marcha atrás por el repudio comunitario», detalló sobre el comportamiento de los jueces.
Asimismo, el docente universitario impugnó la validez material del decreto presidencial al señalar la total ausencia de causales excepcionales que impidan la intervención del Poder Legislativo. «Un DNU se justifica únicamente cuando el Congreso está imposibilitado de reunirse por una emergencia extrema, como ocurrió en la pandemia, pero no tiene ninguna lógica ni urgencia reformar o derogar de un plumazo ochenta leyes acumuladas en cien años de historia legislativa, metiendo de colado la desregulación de las tarjetas de crédito, la quita de amparos al consumidor o la habilitación de Sociedades Anónimas Deportivas; la Corte no trata la esencia de estas medidas porque está aliada al poder fáctico y convalida el abuso de las entidades financieras».
A su vez, denunció el severo desequilibrio del máximo tribunal al recordar que «carece absolutamente de legitimidad federal y de género porque son apenas tres varones, dos de Santa Fe y uno de Buenos Aires, representando de forma exclusiva a la Argentina central».
Finalmente, Ortega trazó una dura proyección sobre el destino político de la gestión central una vez que se disipe el respaldo de las corporaciones empresarias. «En un sistema hiperpresidencialista, la presión popular es la única herramienta efectiva cuando los tribunales entran en connivencia con el Ejecutivo; Javier Milei no es el poder en sí mismo, sino una mera herramienta transitoria que el establishment utiliza para hacer el trabajo sucio; los mismos sectores de la élite corporativa que hoy lo aplauden de pie en AmCham o en el Coloquio de IDEA le van a dar la espalda de forma inmediata en cuanto su popularidad termine de desplomarse, y ahí los desequilibrios del mandatario se van a exacerbar al descubrir que ya nadie le atiende el teléfono», concluyó.
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Andrés Battistella
grupoderf@hotmail.com