El ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas, enfrentó una interpelación legislativa que terminó con la decisión de enviar las actuaciones a la Fiscalía de turno. Diputados de la oposición y del oficialismo le exigieron explicaciones sobre contrataciones, pagos a su esposa, patrimonio y estadísticas turísticas. La sesión expuso cuestionamientos que atravesaron al propio espacio gobernante.
La moción fue presentada por el diputado de La Libertad Avanza Luis Federico Canedi, quien pidió remitir la versión taquigráfica para deslindar responsabilidades por las acusaciones formuladas. Al finalizar el debate, la Presidencia confirmó el envío para que los fiscales actuaran de oficio sobre los hechos expuestos. La medida constituye un pedido de investigación, sin implicar una imputación contra el funcionario.
Uno de los cruces más sensibles involucró contrataciones de su esposa, Valentina Moisés. El diputado Juan Manuel Soler afirmó tener órdenes de pago, mientras Posadas negó que hubiera sido contratada por su ministerio. Ante la insistencia del oficialista Diego Rotela sobre pagos desde cualquier repartición, reconoció una contratación que ubicó en 2020, para una actividad del Día del Niño a través de Desarrollo Social.
Soler también mencionó presuntas irregularidades en contrataciones de publicidad digital y correos vinculados con el armado de licitaciones. “Ante la sospecha de hechos de corrupción, yo tengo que hacer las preguntas”, sostuvo. Posadas defendió su gestión y negó mantener vínculos con la consultora de la que había formado parte antes de asumir como ministro.
Reclamos desde el propio oficialismo
El presidente del bloque oficialista Frente Jujuy Crece, Santiago Jubert, expresó preocupación por situaciones mencionadas durante la sesión y reclamó entregar la documentación para esclarecerlas. Rotela también exigió que las constancias de los pagos discutidos quedaran a disposición de toda la Cámara. Las preguntas sobre la gestión del ministro excedieron así el enfrentamiento habitual entre Gobierno y oposición.
El patrimonio de Posadas fue otro eje del interrogatorio. Gastón Remy cuestionó que figuraran seis inmuebles en su declaración jurada, varios con valor de adquisición cero, y pidió explicaciones por una vivienda en Yala. El ministro respondió que había propiedades heredadas y que los $20 millones consignados por esa vivienda correspondían a la diferencia pagada en una permuta.
Las estadísticas turísticas también quedaron bajo discusión. Martín Fellner señaló diferencias entre los datos del ministerio y registros del INDEC y la DIPEC. María Sánchez Cantaberta advirtió sobre el riesgo de convertir el turismo en una herramienta de marketing político. Posadas atribuyó las brechas a metodologías, períodos y coberturas distintos, y defendió los indicadores de su cartera.
Desde el oficialismo, Noelia Quispe denunció falta de acompañamiento a comunidades del interior. “El turismo no puede planificarse desde las oficinas”, afirmó al relatar dificultades para conseguir capacitaciones. El ministro defendió los cursos provinciales y dijo que tomaría el reclamo. También reconoció, ante otra consulta de Rotela, que una aerolínea anunciada todavía esperaba su habilitación definitiva.
La tensión alcanzó uno de sus puntos más altos con Rubén Rivarola, presidente del bloque justicialista, quien exigió respuestas concretas y respeto institucional. “No se pase de vuelta con la Cámara de Diputados”, le reclamó. Posadas presentó su comparecencia como un ejercicio de transparencia, pero la sesión terminó con pedidos de documentación y una decisión legislativa de trasladar las acusaciones a Fiscalía.