De acuerdo con el último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet), el costo de los servicios públicos para un hogar tipo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volvió a registrar un fuerte aumento en mayo, lo que intensifica la presión sobre los ingresos familiares.
El incremento fue del 17,5% en relación con abril y del 50% en términos interanuales, muy por encima de la inflación acumulada en el mismo período, estimada en 34%. En este contexto, una familia tipo necesitó $249.834 para cubrir los gastos de electricidad, gas, agua potable y transporte.
El informe atribuye esta aceleración a una combinación de aumentos tarifarios generalizados y al impacto de la estacionalidad, con un mayor consumo energético ante la llegada de las bajas temperaturas. «El componente más relevante es el gas, cuya factura casi se duplica respecto de abril por el efecto conjunto de la suba tarifaria y el salto en el consumo típico de esta época del año», señala.
Dentro de la canasta, el transporte continúa siendo el rubro de mayor peso: el gasto mensual promedio en movilidad asciende a $110.438 y explica el 48% del total. Detrás se ubican la electricidad para usuarios N1, sin subsidios, con $52.811 mensuales, el gas natural con $49.972 y el agua potable con $36.612.
El relevamiento también muestra que, entre diciembre de 2023 y mayo de 2026, la canasta de servicios públicos acumuló un incremento del 800%, mientras que el nivel general de precios subió 230% en ese mismo lapso.
El invierno empuja las facturas
En mayo, el gas natural encabezó las subas dentro de la canasta. El informe detalla que el cargo fijo aumentó 4% y el variable 3,3%, aunque el principal impacto provino del salto en el consumo, que prácticamente se duplicó frente a abril. Así, el gasto final en gas se disparó 53,3% en un mes.
En electricidad, el mayor uso por las bajas temperaturas se combinó con incrementos tarifarios del 4,1% en el cargo fijo y 8,7% en el variable para usuarios sin subsidios. La factura eléctrica trepó 37,8% mensual.
El servicio de agua también registró una suba. Según el IIEP, el ajuste respondió a la actualización tarifaria, a un día adicional de consumo por tratarse de un mes de 31 días y al nuevo tope de incremento mensual del 3% vigente desde mayo. En este caso, el aumento fue del 5,9%.
En cuanto al transporte, las líneas de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires subieron 5,4% bajo el esquema de actualización automática, inflación más 2%, mientras que las líneas nacionales no tuvieron cambios tras el ajuste de abril. El gasto total en transporte avanzó 3% mensual.
Subsidios en revisión: el Estado aún absorbe parte del costo
A pesar de los aumentos, el informe remarca que las tarifas todavía no cubren el costo pleno de los servicios. En promedio, los hogares del AMBA pagan el 58% del costo, mientras que el Estado financia el 41% restante a través de subsidios.
La cobertura varía según el servicio, en electricidad, los usuarios afrontan el 67% del costo total, y en gas natural el 74%.
El trabajo señala además que en mayo comenzó a implementarse el nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplaza la segmentación previa y establece bonificaciones específicas sobre el precio mayorista de la energía y el gas.
En paralelo, los subsidios económicos destinados a energía y transporte crecieron 14% en términos reales acumulados durante 2026. Los energéticos concentran el 76% del total y aumentaron 50% interanual real, impulsados principalmente por mayores transferencias a CAMMESA y ENARSA. En contraste, los subsidios al transporte cayeron 34% en términos reales.
El informe también mide el peso de estos gastos sobre los ingresos formales. Según el IIEP, la canasta de servicios públicos ya representa el 14,1% del salario promedio registrado estimado para mayo, que se ubica en $1.869.799. Un año atrás, ese mismo ingreso permitía cubrir 8,6 canastas, hoy alcanza para 7,5.
En términos energéticos, la factura combinada de luz y gas equivale a cerca del 5% del salario RIPTE en hogares sin subsidios y al 3,6% en aquellos que sí reciben asistencia estatal.