La Justicia impuso multas diarias de $100.000 a la Jefatura de Gabinete por incumplir la ley de Financiamiento Universitario

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El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 11 a cargo del juez Martín Cormick resolvió este miércoles aplicar multas diarias de $100.000 al titular de la Jefatura de Gabinete que encabeza Diego Santilli por el incumplimiento de una orden judicial en la causa impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras partes contra el Estado nacional, por la ley de Financiamiento Universitario.

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En la resolución, dictada este miércoles, el juez sostuvo que, ante el “incumplimiento verificado”, correspondía hacer efectivo el apercibimiento dispuesto el 30 de septiembre y avanzar con la aplicación de astreintes.

La sanción económica se fijó en una primera etapa y podrá modificarse tanto el monto como los funcionarios alcanzados, según advirtió el magistrado.

La causa está vinculada con el reclamo contra el Estado nacional por el cumplimiento del Decreto 759/2025, en el marco del conflicto por el financiamiento universitario.

Denuncian penalmente a Milei y Caputo por incumplir la ley de Financiamiento Universitario

El dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano, presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, por el incumplimiento de una medida cautelar que ordenó al gobierno nacional aplicar la ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.

La presentación, radicada en los tribunales federales de Retiro, apunta a determinar si los funcionarios incurrieron en el delito de desobediencia, además de otras posibles figuras penales.

La denuncia sostiene que el Poder Ejecutivo persiste en el incumplimiento de una orden judicial que dispuso garantizar la actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas y la recomposición de los programas de becas estudiantiles, en el marco de la Ley 27.795.

Solano pidió que la investigación alcance a Milei, Caputo y a cualquier otro funcionario que pudiera haber intervenido, por acción u omisión, en el incumplimiento de la resolución. Como posibles figuras penales, invocó los artículos 239, 248 y 249 del Código Penal, vinculados con la desobediencia a la autoridad y el incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos.

En el escrito, el denunciante calificó los hechos como de “suma gravedad institucional” y afirmó que el Gobierno mantiene una conducta deliberada frente a una orden judicial que, según recordó, fue confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y cuyo recurso extraordinario fue desestimado por la Corte Suprema.

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