Este miércoles se reunió la Comisión de Acuerdos de la Legislatura, conformada por los diputados y senadores: Joaquín Gramajo (PJ), Clara García (PS), Lionella Catallini (PS), Lisandro Enrico (UCR), Maximiliano Pullaro (UCR), Gabriel Chumpitaz (PRO), Fabián Bastía (UCR), Leandro Busatto (PJ), Rubén Pirola (PJ), Alcides Calvo (PJ), Nicolás Mayoraz (Vida y Familia), Gabriel Real (PDP).
En la previa, estaba previsto escuchar las declaraciones de la fiscal Cristina Ferraro por su desempeño en la causa que investiga el asesinato del empresario Hugo Oldani.
Sin embargo, Ferraro presentó una nota a través de la cual recusó al diputado Leandro Busatto, manifestando que el legislador tiene una «confirmada amistad con el ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain», quien habría «armado estas denuncias» en su contra.
La funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA) también solicitó la nulidad de todo lo actuado por la Comisión, ignorando la capacidad legal y constitucional que tiene la Legislatura para controlar y sancionar a fiscales.
Al respecto, la Comisión de Acuerdos decidió citar nuevamente a Ferraro para declare ante los legisladores, y rechazaron de plano el escrito presentado. El planteo en definitiva es «darle otra oportunidad» para que la magistrada pueda «explicar su accionar» y así logre morigerar el posible castigo.
Hacia dentro del cuerpo deliberativo hay dos posiciones diferentes. Hay quienes, cómo el diputado Busatto, piden la expulsión de la fiscal. Otros, consideran suficiente una sanción que no incurra en la definitiva expulsión. Ambas propuestas se dirimirán si finalmente el caso culmina tratándose sobre tablas en el recinto.
La acusación
Mediante sus redes sociales, el diputado provincial Leandro Busatto precisó hace un mes: “Presentamos en la Comisión de Acuerdos la acusación contra la fiscal Cristina Ferraro por su actuación en la causa Oldani”, y sostuvo que “había en la escena del homicidio un millón de dólares y tres millones de pesos que no fueron resguardados, entre otras irregularidades”.
Horas después del asesinato de Oldani, el 11 de febrero del 2020, según la denuncia, dos cámaras de seguridad que apuntaban hacia Oldani Turismo se apagaron mientras los familiares ingresaban a las oficinas. Y al día siguiente, las cámaras volvieron a funcionar con normalidad. El dinero y la documentación que algunas horas antes estaban en la empresa, jamás aparecieron.
Por todo lo sucedido durante aquella jornada, Cristina Ferraro, dos policías -Walter Barco y Hernán Galán- y tres civiles -José Luis Hernández, Virginia Venetucci y Diego Marcos Medero- terminaron procesados por la Justicia federal por los posibles delitos de encubrimiento e «inutilización de objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente».
Para Busatto, “La fiscal no incautó el dinero, no revisó la caja fuerte por pedido de un familiar de la víctima y en los minutos posteriores permitió que familiares y empleados de Oldani retiren efectivo y documentación. La imagen, también publicada en medios de comunicación”.
