Las causas por quiebra en las cinco circunscripciones judiciales de la provincia pasaron de 1.009 en 2024 a más de 2.000 en 2025, un máximo histórico.
Las causas por quiebra en las cinco circunscripciones judiciales de la provincia más que se duplicaron en 2025 respecto de 2024: pasaron de 1.009 a más de 2.000, un máximo histórico que está incluso por encima del pico de la pandemia, cuando en 2020 se registraron 1.090.
El dato forma parte del análisis publicado en la revista Ideas en la mira del Centro Cultural y de Estudios DEMOS (septiembre de 2026).
Aceleración
Se trata de expedientes ingresados a la Justicia. La serie completa muestra la aceleración: 817 causas en 2021, 762 en 2022, 956 en 2023, 1.009 en 2024 y más de 2.000 en 2025. En los primeros siete meses de 2026 ya se habían iniciado 1.656 nuevas causas por quiebra, un ritmo que, de sostenerse, ubicaría a 2026 muy por encima del récord de 2025.
Quiebra y concurso, al mismo tiempo. El informe señala además que los expedientes por «Concurso», la vía que buscan las empresas para evitar la quiebra, también crecieron un 75% en 2025 respecto del promedio de 2021-2023. Como quiebra y concurso preventivo no se sustituyen entre sí sino que aumentan de manera simultánea, el trabajo descarta que las empresas estén usando el concurso como salida ordenada frente a la quiebra.
Una crisis que la mora no ve
El informe parte de una paradoja: la mora bancaria comercial ronda el 3,7% y parece tranquilizadora, pero ese indicador tiene, según Camusso, una «trampa metodológica»: solo mide a quienes tienen crédito. El BCRA publica que el 74,6% de las MiPyMEs registradas tiene algún tipo de financiamiento, pero ese universo incluye monotributistas, autónomos y microemprendedores unipersonales que acceden a tarjetas de consumo y préstamos personales, instrumentos más asociados al consumo que a la producción. Según la encuesta de coyuntura del Observatorio PyME del primer semestre de 2026, apenas el 22% de las PyMEs industriales solicitó crédito bancario en los últimos seis meses y solo el 14% lo obtuvo en las condiciones pedidas. Para el informe, esa brecha «es el núcleo del problema».
Los bancos, aclara el trabajo, no están equivocados: según el Boletín de Estabilidad Financiera del BCRA, la irregularidad de la cartera es de 0,9% en grandes empresas y de 4,4% en el segmento PyME, casi cinco veces más.
Esa diferencia de riesgo percibido explica por qué el crédito fluye hacia los grandes y se contrae para los chicos. En las Encuestas a Empresas del Banco Mundial, el 49,4% de las pequeñas empresas (de 5 a 19 empleados) declara que no solicita préstamos por tasas, garantías o trámites desfavorables, el doble que en 2017. El informe agrega que las exigencias de garantías bajaron de 49,8% a 26,7% entre 2017 y 2026, por lo que el obstáculo no es la garantía sino la tasa y las dificultades de trámite. La conclusión: el crédito que no existe no puede estar en mora.
Endeudamiento
El informe fue elaborado por la Lic. Florencia Camusso. Señala que cuando el canal bancario es restrictivo, el endeudamiento se traslada a la economía real, donde los instrumentos son menos formales, los costos más altos y la información más difusa. Para las PyMEs santafesinas, la deuda invisible tiene tres rostros.
El primero son los cheques rechazados por falta de fondos: según el BCRA, pasaron de 39.083 en diciembre de 2024 a 119.285 en diciembre de 2025, el máximo del período, y en junio de 2026 cerraron en 105.297, un 57,3% más que un año antes. El segundo son las facturas impagas con proveedores: cuando una PyME no puede pagar a 30 días, pide 60 o 90, y el proveedor acepta para no perder al cliente y asume un riesgo para el que generalmente no está capitalizado. El tercero son las deudas diferidas con el fisco, una de las obligaciones que se postergan en contextos de tensión de liquidez. En ese marco, Santa Fe instrumentó la Resolución 91, con facilidades en Ingresos Brutos, Inmobiliario, Patente Automotor y Sellos, vigente hasta julio de 2026.
Financiar el pasado, no el futuro
El poco crédito que llega a las PyMEs es de corto plazo, de montos limitados y de costo elevado: el descuento de documentos representa el 42% del saldo total del crédito a MiPyMEs y, junto con los adelantos en cuenta corriente, concentra más del 60%. Según el informe, las empresas se endeudan para pagar sueldos, insumos y proveedores, no para comprar maquinaria ni renovar tecnología. Según el Observatorio PyME, solo el 32% de las industriales realizó inversiones en bienes de capital en los últimos seis meses, el 11% tiene planes concretos para el segundo semestre y apenas el 8% accede a crédito de largo plazo vigente. Para la metalmecánica y los bienes de consumo durable santafesinos, el informe suma la presión de la apertura importadora de 2024-2025, que abarató bienes similares producidos en el exterior.
El panorama nacional. Según Industriales Pymes Argentinos (IPA), entre noviembre de 2023 y los primeros meses de 2026 cerraron 24.437 pymes en el país, dejando a 327.813 trabajadores sin cobertura del sistema de riesgos del trabajo. Los concursos preventivos ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Ciudad de Buenos Aires pasaron de 82 en 2023 a 190 en 2025 (+131,7%), y el primer trimestre judicial de 2026 ya registró 92 nuevos procesos, lo que anticipa que este año podría romper el récord de la pandemia.
Cheques rechazados
El informe describe una trayectoria todavía abierta: los cheques rechazados, la mora PyME y las causas por quiebra vienen subiendo en simultáneo desde 2024. Advierte que cualquier mejora en los indicadores oficiales de mora bancaria debe leerse con cautela, porque puede reflejar una mejora real de la cadena de pagos o simplemente una contracción todavía mayor del universo de empresas que el sistema financiero está dispuesto a financiar.
Las señales más tempranas vendrán de tres indicadores extrabancarios: la evolución mensual de los cheques rechazados, el ritmo de nuevas causas por quiebra y concurso en la Justicia de Santa Fe, y la proporción de PyMEs que logra acceder a crédito de largo plazo. Además, la brecha de acceso al crédito frente a Brasil, Chile o las economías desarrolladas se profundizó durante casi una década. Revertirla, concluye, no depende solo de que baje la mora o se estabilice la macro, sino de que cambie el criterio con el que se evalúa el riesgo crediticio de una PyME.