El canciller Pablo Quirno informó esta mañana la liberación de los dos argentinos que permanecían detenidos en Libia desde fines de mayo, cuando se dirigían a la Franja de Gaza en el marco de una misión humanitaria.
A través de un mensaje publicado en la red social X, Quirno confirmó que María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera, integrantes del Convoy Sumud, fueron expulsados de Libia y se encuentran seguros en Estambul, Turquía, donde recibieron asistencia del Consulado General argentino.
El pasado 25 de mayo, los activistas denunciaron en redes sociales haber sido violentamente atacados, golpeados y forzados a abordar vehículos mientras acampaban en la ciudad libia de Sirte.
El canciller destacó que, desde entonces, la Cancillería argentina, mediante la Dirección General de Asuntos Consulares y la Embajada en Túnez, llevó adelante gestiones consulares y políticas permanentes. Estas incluyeron el desplazamiento del cónsul a Bengasi y negociaciones con países aliados, la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) y el Comité Internacional de la Cruz Roja, las cuales permitieron finalmente la liberación de los ciudadanos.
Tras su detención, Lucas Aguilera publicó un video en Instagram en el que alertó: «Si están viendo este video, significa que fui detenido, secuestrado, mientras participaba en la caravana humanitaria terrestre internacional con destino a Gaza». Asimismo, afirmó que su participación fue voluntaria y sin presiones externas.
De manera similar, María Paula Giménez compartió una filmación en su cuenta de Instagram, donde confirmó su participación voluntaria en la misión humanitaria.
Durante el tiempo que permanecieron detenidos, no hubo información oficial sobre su situación. Las Defensorías del Pueblo provinciales, municipales y especializadas del país, reunidas en la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), manifestaron profunda preocupación por el caso.
Quirno enfatizó que la Cancillería argentina «no hace política ni espectáculo con los ciudadanos argentinos que necesitan ayuda en el exterior» y explicó que las gestiones se llevaron a cabo con la cautela necesaria, dada la complejidad jurídica y política del caso.
Aguilera y Giménez son directores de investigación de NODAL, el portal Noticias de América Latina y el Caribe, que también confirmó este miércoles su liberación junto con otras cuatro personas que continuaban detenidas. Desde la organización señalaron que su libertad es «una victoria de la solidaridad internacional» y destacaron la presión ejercida por familiares, organizaciones sociales, políticas, sindicales, humanitarias y de derechos humanos, que exigieron su aparición con vida y su liberación inmediata.
No obstante, desde NODAL subrayaron que los activistas «nunca debieron ser secuestrados, retenidos ni criminalizados por participar de una misión civil y humanitaria» y advirtieron que su liberación «no borra la gravedad de lo ocurrido».
A principios de junio, Página/12 informó que los argentinos lograron comunicarse con sus familiares tras 11 días de incomunicación. Durante ese período, los miembros de la delegación internacional realizaron una huelga de hambre —algunos en huelga seca— en protesta por la privación de su libertad y las condiciones que enfrentaban.
Los activistas, ambos oriundos de Mendoza, señalaron a sus familiares que permanecían aislados e incomunicados, a pesar de los problemas de salud que presentaban algunos detenidos debido a la huelga.
Nora Otín, madre de Paula Giménez, relató: “Los primeros días fueron muy duros, estuvieron en un calabozo individual sin luz, con un retrete tipo pozo. Están todos picados por mosquitos y con cucarachas por todos lados. Me dijo: ‘físicamente no nos han hecho nada, pero psicológicamente estamos destruidos’”.
Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre el estado de salud de los liberados. Desde NODAL exigieron al Estado argentino que garantice todas las condiciones necesarias para que Paula Giménez y Lucas Aguilera puedan regresar a casa de forma segura y reciban la asistencia consular, sanitaria, psicológica y logística correspondiente, tal como obliga la ley.