El aumento desmedido de los alquileres se convierte en una verdadera preocupación para los inquilinos, quienes ven sus ingresos amenazados por la acelerada inflación.
A partir de junio, los nuevos contratos firmados en 2023 experimentarán un ajuste del 100%, una noticia desalentadora para aquellos que luchan por encontrar vivienda. Además, la escasez de propiedades en el mercado se atribuye a las distorsiones ocasionadas por la Ley de Alquileres y al constante aumento del dólar blue, moneda que marca el ritmo del mercado inmobiliario.
Jorge Pighin, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios, explicó las diferentes modalidades de actualización de los contratos y los impactos que estas tienen en los precios. «La actualización para los contratos vigentes de acuerdo a la Ley 27.551 se realiza una vez al año a nivel nacional, utilizando el índice proporcionado por el Banco Central. Sin embargo, no se aplica el mismo índice para las prórrogas o nuevos contratos. Si un contrato de alquiler finalizó bajo una ley anterior, el incremento se basa en el precio estipulado en el mercado y el acuerdo entre las partes. Ese porcentaje siempre está por encima del ICL», señaló Pighin.
Para ilustrar esta situación, Pighin mencionó que «actualmente el alquiler de departamentos de dos ambientes oscila entre los 70 y 85 mil pesos. Sin embargo, hay inquilinos que pagan alrededor de 27 o 30 mil pesos. Por lo tanto, la actualización promedio a nivel nacional se sitúa entre el 120% y el 125%«.
En los últimos tiempos, se ha creado un desequilibrio entre la escasa oferta y la alta demanda de alquileres en Santa Fe. «Solíamos necesitar entre 25 y 30 días, en promedio, para alquilar un departamento de uno o dos dormitorios. Hoy en día, hay entre 25 y 30 personas en lista de espera cuando un departamento se desocupa», observó Pighin.
Desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios también destacaron la presencia de un nuevo actor en el mercado de alquileres: los alquileres temporarios. Esto ha afectado aún más la oferta limitada, ya que algunos propietarios han optado por retirar sus propiedades del mercado tradicional para amoblarlas y ofrecer contratos temporarios de tres meses o con una duración máxima de un año.